El Gobierno ha comenzado a regular el crowdfunding en España. Los objetivos son, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, minimizar el "fraude" en la práctica de esta actividad y abrir una vía alternativa para la financiación de pymes. Así consta en el Anteproyecto de ley de fomento de la financiación empresarial aprobado en Consejo de Ministros.

Una de las principales medidas de la propuesta incluye una limitación en cantidad de las aportaciones que se puedan realizar a un proyecto. Según avanzó El Confidencial, ningún inversor podrá invertir más de 3.000 euros en el mismo proyecto o más de 6.000 euros en varios programas en 12 meses. No queda claro, y tampoco lo ha concretado el ministro el rueda de prensa, si esto afecta solo a inversiones o a aportaciones personales a pequeños proyectos.

No obstante, fuentes del Ministerio de Economía señalan que esta "propuesta" de regulación se dirigiría solo a plataformas de financiación participativa en Internet que mediante "emisiones de valores y solicitud de préstamos". Las mismas fuentes, sin embargo, no descartan del todo que las plataformas de crowdfunding que funcionan con el sistema de recompensas, como podrían ser Verkami, Goteo o Lánzanos, queden fuera.

En el año 2013, esta fórmula de financiación movió 30 millones de euros en España, según los datos de la Asociación Española de Crowdfunding, que señala que el 70% de los crowdfunding que se llevan a cabo en España son 'micromecenazgos' de proyectos culturales y sociales.

El presidente de la Asociación Española de Crowdfunding, Xavier Olivella, que ha tenido acceso al anteproyecto, señala que hay un artículo específico en el texto que excluye los proyectos financiados a base de donaciones, recompensas y pago por actividades o por compra de productos y servicios.

Olivella considera que hay algunos detalles que no están claros, pero sí considera que está más orientado al crowdfunding empresarial. Entre los puntos con los que discrepa la asociación se encuentra la limitación de las donaciones a 3.000 euros, que considera que puede complicar la financiación de proyectos grandes. También cree que la prohibición de promocionar campañas de crowdfunding que incluye la ley es "excesiva", aunque comprende que esta publicidad sí debe ser regulada.

La plataforma de crowdfunding Lánzanos ha publicado este viernes un comunicado en el que se muestra "totalmente a favor de que el Gobierno se tome en serio el crowdfunding" y también ve positivo que las empresas que se dediquen a ello estén "rigurosamente controladas, cosa que no ocurre hoy". Sin embargo, sostienen que lo expuesto por el Gobierno es confuso y que no deja claro a qué ámbitos del crowdfunding va a afectar.

Señalan, por ejemplo, que el borrador asegura que la ley se aplicará a "proyectos destinados a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que esperan obtener un rendimiento monetario con la inversión y que no inviertan con carácter profesional". Esta frase, según Lánzanos, mezcla diferentes tipos de crowdfunding e incluso puede aplicarse a fórmulas de mecenazgo que no tienen nada que ver, como el crowdlending o los préstamos P2P.

Indican también que el límite de un millón de euros por proyecto es escaso y el de 3.000 euros por aportación es "ridículamente bajo". En cualquier caso, la plataforma se ha ofrecido a debatir el asunto y acudir al Congreso para exponer su postura y los motivos por los que creen que el proyecto debe modificarse.

En España hay tres tipos de crowdfunding, siendo el más común el micromecenazgo para proyectos fundamentalmente de carácter creativo, artístico, periodístico, etc. Los otros dos contemplan, en primer lugar, un sistema de préstamos que después se devuelven con intereses al que ha aportado el dinero y, en segundo lugar, uno basado en las llamadas "cuentas en participación", que contempla el Código de Comercio.

Este último tipo de crowdfunding es lo que en otros países se denomina Equity, aunque en España carecía de regulación específica hasta este momento. De hecho, ninguno de los modelos de crowdfunding tenía en España una regulación específica, siendo que el modelo de préstamos, por ejemplo, opera bajo el régimen de las corporaciones, según la European Crowdfunding Network.

La diferencia fundamental entre el modelo Equity y el que se basa en pequeñas aportaciones para un proyecto como un disco musical o un cortometraje -en el que suele haber una 'recompensa'- es que en el primero se produce una inversión. Con el anteproyecto de ley aprobado se pretende que las plataformas Equity y las de préstamos se sometan a la supervisión de la CNMV y el Banco de España.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que esta iniciativa, que se someterá ahora al trámite de audiencia pública, plantea un "sistema que es de desintermediación prácticamente total" en el que se "aprovecha la Red" para poner en contacto a "inversores con financiadores particulares". Es un sistema, apunta, que "se está regulando en EE UU y Reino Unido".

El Anteproyecto de ley de fomento de la financiación empresarial, busca "facilitar flujos de financiación distintos a los bancarios" para las pymes, ha dicho el ministro. Las fuentes de Economía insisten en que lo relativo al crowdfunding todavía es una "propuesta".

Otras medidas que incluye el anteproyecto son: si un banco quiere reducir la financiación concedida a una pyme, deberá avisarla con tres meses de antelación y, además, darle de forma gratuita toda la información financiera para que pueda ir a otro banco; se mejora la regulacion de las titulizaciones; se falicila que las empresas emitan títulos de renta fija; se mejora del tránsito entre el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y la Bolsa y en sentido inverso; etc.

Asimismo, se ha aprobado un anteproyecto de ley sobre entidades de capital riesgo que traspone dos directivas comunitarias sobre fondos de inversión alternativa y sobre la limitación de la dependencia exclusiva de las calificaciones crediticias emitidas por las agencias de calificación.

Las nuevas entidades de capital riesgo-pymes (ERC-pymes), podrán facilitar la financiación de empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión, lo que se conoce como start up, mediante instrumentos de capital y deuda.

De este modo, podrán invertir al menos un 70% de su patrimonio en empresas a las que darán asesoramiento además de participar en su gestión: para ello se beneficiarán de un régimen financiero más flexible que el de las entidades de capital riesgo tradicionales, pues podrán hacer uso de instrumentos de deuda.

El Consejo de Ministros ha analizado además un informe sobre refinanciación y reestructuración de deuda empresarial para una posterior aprobación, que podría incluir un fondo de capital riesgo mediante el que la banca podría cambiar la deuda de las empresas por capital.