España está entre los países más infractores de las leyes de la UE

España está entre los países más infractores de las leyes de la UE

Tribunal de Justicia de la UE
Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. (Cédric Puisney / Flickr)
  • La UE emite habitualmente sentencias y todo tipo de documentos exhortando a los estados a acogerse y cumplir las leyes europeas en todo tipo de ámbitos.
  • España está entre los países de la UE que más procesos tiene abiertos en todos los ámbitos, junto a países como Grecia e Italia.
  • La última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE echa por tierra el cobro del 'céntimo sanitario', pero ha habido otras muchas de diversos tipos.

Titulares que incluyan las palabras "expediente", "España" y "UE" son una constante en los medios españoles. No es para menos, puesto que nuestro país está entre los que más infringen las leyes de la Unión Europea y entre los que más consultas y resoluciones obtienen del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La última sentencia se ha emitido desde el TJUE calificando de "norma nacional controvertida" la ley del denominado céntimo sanitario, un impuesto sobre los hidrocarburos que ha sido declarado contrario al derecho comunitario. Sin embargo, es tan sólo un episodio más en la larga lista de advertencias, expedientes y sanciones que Bruselas ha impuesto a España recientemente. 

Cabe aclarar en primer lugar que, como recuerdan fuentes de la UE, este caso es una "sentencia del Tribunal de Justicia Europeo" motivada por la denuncia de una empresa transportista y por la que el TSJ de Cataluña pidió "una interpretación de la ley europea en el marco de un proceso judicial español".

Los estados tienden a cumplir las leyes cada vez más Hay miles de sentencias interpretativas cada año, denominadas "cuestiones prejudiciales". De hecho, sólo en 2013 se interpusieron ante el Tribunal de Justicia 699 asuntos y se resolvieron 701 (a lo que hay que añadir los asuntos del Tribunal General y el de Función Pública, que suman otros 1.836 casos el año pasado).

Los últimos datos comparados por países corresponden a 2012, año en que España obtuvo 45 sentencias por incumplimiento de Estado, lo que nos puso a la cabeza de sentencias recibidas, al mismo nivel de Grecia e Italia, seguidos de Bélgica y Portugal, con cerca de 40, Austria, Polonia, Alemania e Irlanda, con cerca de veinte y muy lejos del resto de países, que apenas tienen una decena de sentencias.

El proceso que se sigue se estructura en tres fases: carta de emplazamiento, por la que la UE pide información sobre el asunto al país implicado, dictamen motivado, por la que se advierte de que se contravienen leyes europeas, y en último lugar, la denuncia ante el Tribunal de Justicia. A finales de 2012, había 1.343 procedimientos de infracción abiertos.

Por otro lado están los procedimientos que se abren "en materia de política de competencia y en particular de ayudas de Estado". En este caso la Comisión Europea puede tomar decisiones (como en el caso de los astilleros españoles) "que obligan a devolver ayudas ilegales". España es el tercer país de la UE que más vulnera las directivas comunitarias sobre el mercado único, ya que tiene abiertos 60 procedimientos por infracción, el doble de la media europea y solo superado por Italia y Grecia, según datos de la CE.

En tercer lugar encontramos los procedimientos de infracción que abre la Comisión Europea por incumplimientos de la legislación comunitaria. El motivo de la apertura del proceso puede provenir de cualquier ámbito, mercado interior, medio ambiente, derecho de los consumidores, sanidad... "En todo caso, los estados tienden a cumplir cada vez más", explican desde la UE, a la vez que recuerdan que "muchos de estos procedimientos se cierran con el Estado cumpliendo con la ley, sin sanción", dado que hay "un largo proceso destinado sobre todo a garantizar que se ponga en marcha la ley".

Altos cargos de la Unión Europea pueden hacer valoraciones o emitir avisos verbales  En este apartado y según afirman fuentes de la oficina de representación de la UE en nuestro país, "España está entre los países más infractores" siendo los procedimientos abiertos por incumplimiento de normativa medioambiental los más comunes, "aunque tiende a disminuir".

Además de estos procedimientos "oficiales" en otras ocasiones altos cargos de la Unión Europea pueden hacer valoraciones o emitir avisos verbales durante actos o conferencias oficiales sobre determinados asuntos que hayan ocurrido en un país de la UE, como en el caso de las declaraciones de la comisaria europea de Interior sobre el uso de pelotas de goma en Ceuta.

España también está en el podio de países más denunciados por los propios ciudadanos. Según el Trigésimo informe anual sobre el control de la aplicación del derecho en la UE, "los tres Estados miembros contra los que se presentó la mayor parte de las denuncias en 2013 fueron: Italia (438), España (306) y Francia (242)".

Al igual que en 2011, las irregularidades denunciadas por los ciudadanos, las empresas y las organizaciones se refirieron a los sectores de medio ambiente, mercado interior y servicios y justicia (588, 491 y 462 denuncias, respectivamente).

Los últimos 'tirones de orejas' de la UE

  • El céntimo sanitario. La última sentencia del TJUE, que dictaminaba este jueves que el céntimo sanitario recaudado en España "es contrario" al derecho comunitario. La sentencia dice que este impuesto no respeta la directiva sobre los impuestos especiales, que obliga a que el objetivo del impuesto no sea exclusivamente presupuestario.
  • El uso de pelotas de goma en Ceuta. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström advertía que no dudaría "en actuar si la investigación muestra que ha habido una vulneración de las leyes de la UE", en relación con la muerte de 15 personas en la frontera de Ceuta y el uso de pelotas de goma por la Guardia Civil en esa ocasión.
  • La doctrina 'Parot'. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso del Gobierno español contra la liberación de la etarra Inés del Río, a la que se le aplicaba la reducción de pena sobre el total de años de condena y no sobre el máximo de cumplimiento. Aunque la sentencia no era vinculante España debió aplicarla porque firmó el Convenio de Derechos Humanos.
  • Ayudas a los astilleros. La Comisión Europea pedía a España que recuperara las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Los inversores que financiaron la construcción de los buques serían los encargados de devolver las ayudas.
  • Ayudas a los clubes de fútbol. La CE abrió un expediente por los posibles privilegios fiscales otorgados al Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna, entre otros, que supondrían ayudas públicas ilegales según la legislación de la UE.
  • Por la tarjeta sanitaria. Se iniciaba un procedimiento de infracción contra España por no aceptar en los hospitales públicos de zonas turísticas la tarjeta sanitaria europea, lo que obligaba a los pacientes comunitarios a pagar tratamientos que son gratuitos para los españoles.
  • Ayudas a la TDT. La CE dictaminó que los operadores de plataformas de televisión digital terrestre en España deberían devolver 260 millones de euros de ayudas públicas. Bruselas declaró estas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías.
  • Por la normativa laboral de la Guardia Civil. Bruselas exigió, mediante un dictamen motivado, a España que respetara las normas comunitarias que rigen las horas extra de trabajo y los tiempos de descanso, al considerar que no se estaban aplicando a los miembros de la Guardia Civil.
  • Subida de las tasas aplicada en Barajas y el Prat. La Comisión Europea lanzaba un procedimiento de infracción contra España por la subida de las tasas que debían pagar las compañías aéreas en los aeropuertos explotados por Aena. Bruselas pedía explicaciones formales al Gobierno sobre las causas de estos incrementos con el fin de examinar si estaban justificados.
  • Por "banalizar el nazismo". Toque de atención de Bruselas que advertía que la "exculpación, negación o trivialización flagrante intencionada y pública de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios deben ser sancionables penalmente", tras la denuncia de los eurodiputados catalanes para el homenaje a la División Azul en la que participó la delegada del Gobierno en Cataluña.

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