Un Congreso dividido rechaza los planes soberanistas de Cataluña

  • Sólo se ha dado luz verde a la propuesta de resolución del Partido Popular.
  • Se han votado hasta cinco propuestas derivadas del debate del estado de la nación.
  • El PSOE pedía la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar el tema.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez y Eduardo Madina (abajo, i a d), durante la sesión de control al Ejecutivo que hoy celebra el Congreso de los Diputados.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez y Eduardo Madina (abajo, i a d), durante la sesión de control al Ejecutivo que hoy celebra el Congreso de los Diputados.
EFE/Juan Carlos Hidalgo
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez y Eduardo Madina (abajo, i a d), durante la sesión de control al Ejecutivo que hoy celebra el Congreso de los Diputados.

Los grupos parlamentarios del Congreso han dado muestra este jueves de su división sobre cómo afrontar el problema catalán y cada uno ha apoyado sus propias propuestas de resolución sobre esta materia, de manera que sólo se ha aprobado la del PP, en contra de los planes soberanistas, por ser el único con mayoría.

Se han votado hasta cinco propuestas derivadas del debate sobre el estado de la nación que hacían referencia al problema catalán: las del PP, PSOE, CiU, la Izquierda Plural (ICV) y ERC, así como una más genérica de Amaiur.

El PP sólo ha respaldado la suya y ha votado en contra de todas las demás, mientras que el PSOE, que pedía la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar este tema, ha apoyado la suya y se ha abstenido en el resto, en una votación unitaria con los diputados del PSC.

Respaldo a la Constitución

Con la iniciativa del PP aprobada, el Congreso ha reafirmado los valores de la Constitución y su vigencia y ha ratificado que no caben iniciativas o planes en cualquier ámbito institucional que rebasen los principios de soberanía y legalidad.

"No puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni a una autoridad o poder público situarse por encima de la ley", subraya el texto.

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