El presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, ha acordado este lunes con los líderes de la oposición la derogación de las polémicas leyes contra los derechos cívicos que provocaron el estallido de los violentos desórdenes en Kiev.  "Se tomó la decisión política de revocar las leyes adoptadas el 16 de enero que generaron numerosas discusiones. Pero aquellas leyes que no hayan despertado críticas, serán adoptadas mañana de nuevo por el Parlamento", explicó Yelena Lukash, ministra de Justicia, en un comunicado oficial.

Los líderes opositores demandaban la derogación de todas las leyes que coartan las libertades de expresión y de reunión, y que, en su opinión y en la de la Unión Europea, convertían a Ucrania en un estado policial. Esas leyes serán redactadas de nuevo y conjuntamente por las autoridades y la oposición con el fin de que respondan a los estándares europeos.

Lukash también explicó que las autoridades están dispuestas a firmar una ley de amnistía de la que se beneficiarían todos los detenidos en las protestas, pero sólo entrará en vigor si los manifestantes desalojan los edificios institucionales. En caso contrario, aquellos que hayan infringido la ley no serán amnistiados.

Ambas partes también abordaron la reforma de la Constitución para limitar los poderes del presidente en favor del Parlamento, a imagen y semejanza de la carta magna de 2004. "Las negociaciones proseguirán", agregó.

Por otra parte, el líder del principal partido opositor, Batkivschina, Arseni Yatseniuk, rechazó la oferta que le presentó el sábado el presidente de que encabece el Gobierno de este país. Yatseniuk aseguró entonces que la oposición no tenía miedo a asumir la responsabilidad de Gobierno, pero que entonces tomaría el rumbo del ingreso en la Unión Europea, lo que presupondría la liberación de la ex primera ministra, Yulia Timoshenko.

La Rada Suprema, el parlamento ucraniano, celebra este martes una sesión extraordinaria para abordar las reformas necesarias para superar la crisis provocada por las protestas antigubernamentales que estallaron el 21 de noviembre pasado por la decisión del Gobierno de suspender la firma de un Acuerdo de Asociación con la UE.

Los manifestantes ucranianos han vuelto a poner de manifiesto este lunes la debilidad del presidente, Víktor Yanukóvich, al asaltar el Ministerio de Justicia, ignorar las amenazas oficiales y desalojarlo sólo tras la intervención de la oposición.  "Nuestro objetivo es bloquear las instituciones estatales para demostrar que el Gobierno ha perdido el control. Asaltaremos todos los edificios oficiales hasta que le llegue el turno a la residencia de Yanukóvich", señaló uno de los protagonistas del asalto.

El incidente es más sangrante, ya que ocurre en víspera de la crucial sesión de la Rada Suprema, el parlamento ucraniano, en la que se decide el futuro de Ucrania y la continuidad de las protestas, que se han extendido como un reguero de pólvora por todo el país.

Mientras Yanukóvich celebraba la ronda de negociaciones con los líderes opositores, en el edificio ministerial, al que pudo acceder la prensa, se veían columnas bien organizadas de opositores armados con palos, más parecidos a milicianos que a manifestantes pacíficos, que subían y bajaban a la carrera la escalinata del ministerio, edificio situado a medio kilómetro del 'Euromaidán', la plaza que es el centro de las protestas.

Los manifestantes hicieron oídos sordos durante horas a las amenazas de la ministra de Justicia, Yelena Lukash, quien advirtió por la mañana de que si no desalojaban de inmediato el inmueble pediría a las autoridades que declararan el estado de excepción.

Activistas de Causa Común, la plataforma que ha protagonizado el asalto, convocaron una rueda de prensa en el también capturado edificio del Ministerio de Política Agraria, donde apareció un activista con pasamontañas para explicar que su grupo quiere "devolver el poder al pueblo". "No puedo mostrar el rostro porque la policía nos está matando", aseguró.

Los manifestantes controlan varios edificios gubernamentales, como el Ayuntamiento y la Casa de los Sindicatos, que tomaron en noviembre, y la Casa Ucraniana, antiguo Museo Lenin.  Tuvieron que hacer acto de presencia representantes del partido nacionalista Svoboda para garantizar, una vez caída la noche, la devolución del edificio a las autoridades, aunque los manifestantes lo celebraron como si fuera una victoria.

Previamente, el diputado del principal partido opositor, Batkivschina y uno de los líderes del Cuartel de Resistencia Nacional, Stepán Kubiv, tachó la toma del edificio de "provocación", al considerar que es un obstáculo al diálogo."Esto se parece cada vez más a una revolución. La mayoría del pueblo ucraniano ya no tiene paciencia para esperar un traspaso legítimo de poder", aseguró Gueorgui Chizhov, jefe del Centro de Tecnologías Políticas de Ucrania.

En su opinión, los descontentos con Yanukóvich y la gestión del Gobierno son mayoría tanto en el este rusoparlante del país como en el oeste, más europeísta. "La diferencia es que los descontentos en el este tienen miedo a las protestas en Kiev. Ven a los manifestantes como sus enemigos. Si el pueblo en las regiones orientales se pusiera de parte del Maidán, Yanukóvich tendría los días contados", asegura.

Chizov, que se manifestó sorprendido por el pacto de gobierno que Yanukóvich propuso a la oposición, opina que el futuro de Ucrania depende directamente del pulso que mantendrán el martes oficialistas y opositores en el Parlamento. "Si Yanukóvich aguanta la presión y no revoca las leyes, como exige la oposición, desembocaremos en un callejón sin salida y las protestas se radicalizarán", aseguró.

El experto no descarta que la oposición consiga la mayoría a través del transfuguismo de algunos diputados del oficialista Partido de las Regiones, lo que garantizaría que la crisis se solventara entre las cuatro paredes de la Rada.

El primer presidente de la Ucrania independiente, Leonid Kravchuk, llamó a las autoridades a revocar las leyes "dictatoriales", aduciendo que son anticonstitucionales, violan los derechos fundamentales y son una copia de las aprobadas en Rusia, condenadas en su momento por Occidente.

El debate no se aventura fácil, ya que uno de los líderes del Partido de las Regiones en la Rada, Mijaíl Chechetov, ya aseguró que su formación no tiene intención de derogar las leyes, al considerar que se corresponden con las existentes en el resto de Europa.

En previsión de que ambos bandos no se pongan de acuerdo en el Parlamento y se declare el estado de excepción, los manifestantes han movilizado a cientos de jóvenes, que reciben entrenamiento militar en plena calle de manos de veteranos de mil batallas.