El director del Servei Català del Trànsit , Josep Pérez Moya, se ha comprometido ante los alcaldes de 11 municipios del Baix Maresme (Barcelona) a actuar de urgencia en la Nacional-II para reducir la siniestralidad.

A pesar de ser una carretera del Estado, la Generalitat mejorará las señalizaciones, procurará limitar la velocidad a 70 kilómetros por hora en los tramos interurbanos, instalarán más radares de control de velocidad y más controles policiales.

Esta medida llega días después de que el alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Jaume Batlle, muriera en un accidente de tráfico en esa carretera que tantas veces había criticado por su alta peligrosidad.

La muerte del alcalde ha abierto los ojos definitivamente a la administración para actuar de urgencia aunque habrá que esperar hasta el mes de junio para que se apliquen estas medidas que "mejorarán la carretera en términos de accidentabilidad.

Buscar alternativas

Los alcaldes del Maresme reclaman al Ministerio de Fomento "una respuesta definitiva" a las reclamaciones históricas de traslado de la N-II.

En este sentido, el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, anunció ayer que actuar en la N-II es "urgente" y anunció la próxima licitación de uno de los accesos a los laterales de la C-32 que tomó como alternativa a esta carretera en Mataró.