La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha atendido a más de 7.000 familias cordobesas a través del Ingreso Mínimo de Solidaridad durante 2013. Este volumen de prestaciones concedidas supone un incremento del 48 por ciento con respecto al año 2012 cuando fueron resueltas favorablemente un total de 4.761 solicitudes.

Concretamente, según ha explicado este jueves en rueda de prensa la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Isabel Baena, han sido 7.058 el número de ayudas concedidas para combatir la exclusión social y las desigualdades entre los ciudadanos de Córdoba.

El presupuesto que la Junta de Andalucía ha dedicado a este programa ha sido de 13 millones de euros durante 2013. En los últimos cinco años se han invertido en la provincia de Córdoba más de 55 millones de euros en este programa y se ha ayudado a más de 25.000 familias.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad se gestiona dentro del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía que nació en 1990 para reforzar las políticas de protección social y reducir la desigualdad existente. A través de él se concede el denominado salario social, una prestación que perciben las familias con menos ingresos económicos para contribuir a mejorar su calidad de vida.

Se trata de una prestación que se concede por un período de seis meses y que permite a las familias cubrir sus necesidades básicas. En 2013 las cantidades la cuantía media de los expedientes aprobados fue de 382 euros mensuales, es decir, una cantidad total de 2.291 euros.

En el conjunto de 2013 se tramitaron en la delegación territorial de Córdoba 10.018 solicitudes, de las que un 70,5 por ciento fueron resueltas favorablemente, mientras que un 12,4 por ciento fueron denegadas al no cumplir los solicitantes los requisitos establecidos por el Decreto 2/1999 de 12 de enero y el 17,1 por ciento restante están a la espera de que se complete la documentación necesaria para su resolución definitiva.

En este sentido, María Isabel Baena ha destacado el esfuerzo realizado por los profesionales de la delegación territorial para agilizar la resolución de las solicitudes, tal y como se establecía en el Decreto de Medidas Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social ya que son situaciones de verdadera urgencia y ha puesto de ejemplo el desarrollo de este programa como "muestra de la respuesta que la Junta de Andalucía ofrece a sus ciudadanos, especialmente a aquellos que están sufriendo la crisis económica con mayor virulencia".