Izquierda-Ezkerra presentará en todos los ayuntamientos en los que tiene representación mociones de apoyo a la ley de Memoria Histórica con el objetivo de que "se cumpla con agilidad" en lo que respecta a las entidades locales.

Además, la coalición impulsará la colocación de placas y menciones especiales en todas aquellas localidades donde fueron asesinados en el 36 concejales o funcionarios, tal y como lo define el artículo 18 de la ley.

Según ha defendido I-E en una nota, "todas las administraciones de Navarra deben apostar decididamente por cumplir esta ley, porque amplía derechos, colma un vacío de justicia y rectifica años de olvido municipal".

El papel de los ayuntamientos, ha añadido, "es importante en la elaboración del mapa de fosas, en la definición de los lugares de la memoria, en la gestión de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas o en el reconocimiento de los cargos públicos asesinados".

Para la coalición, "es importante tener en cuenta que muchos concejales, 21 alcaldes y docenas de funcionarios fueron asesinados por defender la legalidad republicana". Por este motivo, considera que "desde las corporaciones actuales se debe estar a la altura y reconocer y dignificar la aportación al bien común que realizaron estos cargos públicos".

"Está claro que esta no es una ley más, sobre todo porque trata de rectificar años de olvido oficial y porque supone una apuesta pública por la recuperación de la memoria democrática de Navarra", ha asegurado I-E, que ha añadido que "la memoria histórica es una responsabilidad pública, no sólo es una memoria individual de los familiares, es nuestra memoria, es propiedad de todos los navarros".

Compromiso de los ayuntamientos

Izquierda-Ezkerra ha insistido en que "por todo lo que supuso para esta tierra la guerra civil y el franquismo, por el silencio y la pasividad oficial, es preciso que los ayuntamientos también se comprometan en el buen desarrollo de la ley".

La coalición ha recordado que la norma señala que "el Gobierno de Navarra impulsará junto con las entidades locales el reconocimiento público y permanente, a través de placas, monolitos o menciones específicas, de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936".

"En Navarra 3.400 personas fueron asesinadas por pensar diferente, sólo por sus ideas, y después de asesinarles fueron tirados a las cunetas, a una sima, al río, o a un ribazo", ha criticado I-E, para agregar que "los familiares de aquellos asesinados fueron ultrajados, les robaron las tierras, les quitaron todo, algunos tuvieron que marcharse para sobrevivir, las viudas fueron paseadas, los hijos señalados y las vidas fueron rotas".