La Diputación de Toledo actuará de oficio en las posibles irregularidades del Ayuntamiento de El Puerto de San Vicente

El diputado director del Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación de Toledo, Francisco Fernández, ha ordenado a los servicios técnicos de los departamentos de Arquitectura, Infraestructura urbana e Infraestructura hidráulica, la apertura de una inspección para determinar el nivel de ejecución de las obras realizadas por el Ayuntamiento de El Puerto de San Vicente a través de los programas de inversión de la institución provincial.
Francisco Fernández
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EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN
Francisco Fernández

El diputado director del Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación de Toledo, Francisco Fernández, ha ordenado a los servicios técnicos de los departamentos de Arquitectura, Infraestructura urbana e Infraestructura hidráulica, la apertura de una inspección para determinar el nivel de ejecución de las obras realizadas por el Ayuntamiento de El Puerto de San Vicente a través de los programas de inversión de la institución provincial.

Ante las informaciones publicadas este martes en el diario La Tribuna relativas a posibles irregularidades contables y de justificación de subvenciones, desde la Diputación provincial se procede a la actuación de oficio para determinar el destino final de las diferentes ayudas concedidas al Ayuntamiento de El Puerto de San Vicente desde el año 2008, que comprometen más de medio millón de euros del erario público en Planes Provinciales, Planes Especiales, Plan 500 y Ayudas a Municipios.

Las denuncias de un grupo de vecinos lleva a la Diputación de Toledo, según ha informado la institución en un comunicado, a defender los intereses de estos y de todos los ciudadanos, en aras de la debida transparencia de las administraciones públicas y por la buena gestión de los recursos de todos los toledanos.

El Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación de Toledo, dirigida por Francisco Fernández, abre la mencionada inspección para determinar si puede haber existido falsedad documental en la justificación de las obras aprobadas por el Ayuntamiento, así como verificar si las obras de los últimos años justificadas por el Ayuntamiento han sido realizadas.

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