El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha afirmado este lunes que en las protestas de este fin de semana en Burgos ha habido "infiltrados", grupos violentos "itinerantes" cuyo único interés no es la reivindicación de los vecinos, sino "el ejercicio de la violencia", y por ello ha subrayado la necesidad de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno.

En distintas entrevistas radiofónicas Martínez ha asegurado que en estas protestas se "parapetan" algunos "grupos violentos, algunos bien conocidos", y "tremendamente violentos" que han participado en manifestaciones en Madrid y también en Castilla y León.

Por eso, ha defendido que ante esta situación hay que dar una "respuesta firme", que "en ocasiones la da el Código Penal" pero en otras hay que "buscar un marco jurídico preciso". En el caso de Burgos, ha apuntado que entre los 40 detenidos hay 11 menores y que "alguien debe hacerse responsable de los destrozos provocados, sus padres o tutores", que es lo que persigue precisamente la reforma.

"Los 40 detenidos pertenecen a grupos de violencia antisistema, extrema, que ya habíamos visto en otros lugares; son clásicos en los incidentes de seguridad ciudadana que hemos visto en Madrid en las manifestaciones ante el Congreso y en otras", ha explicado.

Además, ha subrayado que estos grupos "radicales" y "antisistema" utilizan las redes sociales para hacer convocatorias rápidas, desplazarse y eludir la acción policial, y que estas vías comunicación no existían a principios de los noventa, cuando se redactó la actual ley.

Martínez ha hecho hincapié en que esos grupos "extremadamente violentos" no tienen que ver con la reivindicación vecinal, sino que aprovechan las manifestaciones ciudadanas para generar violencia y en ocasiones "se desplazan", en este caso desde Madrid y Valladolid, ha dicho.

Pese a lo dicho por Martínez,  entre los argumentos que la jueza del Juzgado número 3 de Burgos, encargada del caso, esgrime para no decretar la prisión provisional de 16 de los detenidos destaca que "no aprecia riesgo de fuga, pues presentan suficientes señales de arraigo" y "todos cuentan con domicilio conocido en esta ciudad". "Lo que no hace pensar que se puedan sustraer a la acción de la justicia", añade en un auto que ha sido filtrado en Internet.

En línea similar, fuentes policiales no descartan que en los altercados hubieran podido participar personas de otras partes de España, pero han precisado a Efe que todos los arrestados son de la provincia.

Las mismas fuentes aseguran que al menos tres de los 40 detenidos —13 de ellos todavía lo están— pertenecen al grupo de extrema izquierda Resaca Castellana. Este grupo, que se creó en 1997, se define en su blog como castellano y antifascista y asegura que no es apolítico "como hacen la mayoría de los grupos ultras dominados por neonazis".

En el mencionado auto, la instructora afirma que "no se desprende indicio alguno de que alguno de los detenidos […] pertenezca o forme parte de alguna organización criminal como tal (ni si quiera el atestado se refiere a que los detenidos hayan actuado de manera concertada u organizada como sugiere el Ministerio Fiscal)". La jueza también habla de "la carencia de antecedentes penales y policiales en todos los detenidos".

El secretario de Estado ha calificado Burgos de ciudad "tranquila" y con muy buenos índices de seguridad y ha puntualizado que este fin de semana han sido más de 100 los contenedores quemados y, además, ha destacado que ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ataques a sucursales bancarias, destrozos de mobiliario urbano y lanzamiento de tornillos.

En el anteproyecto de ley, la quema de contenedores se tipifica como infracción grave, penada con entre 1.001 y 30.000 euros, ha explicado Martínez, aunque puntualizando que aún está pendiente el trámite parlamentario de la norma.

Según el número dos de Interior, es cierto que en España los ciudadanos, pese a las protestas, "se están comportando de manera ejemplar", pero hay grupos que "se cuelan" y eso obliga a "mejorar el ordenamiento jurídico" para recoger "de manera más precisa" los distintos casos y "garantizar mejor" los derechos.

Y además, ha reconocido que sería "poco afortunado" legislar "en caliente" y ha defendido que Interior está desarrollando la norma "con sosiego".