Zapatero y Solbes advierten de que la propuesta del modelo de financiación catalán requiere consenso

Representantes de las comunidades autónomas se expresaron en el mismo sentido, rechazaron que la negociación sea bilateral e insistieron en que no puede haber privilegios de unos territorios sobre otros.

Cataluña propone incluir en el nuevo Estatuto tener una agencia tributaria propia coordinada con la estatal y la recaudación y capacidad normativa sobre todos los impuestos, con una cesión al Estado no superior al 50% y mantener el principio de solidaridad con el resto de autonomías. Contempla un horizonte de 15 años para obtener unos ingresos similares a los que proporciona el sistema de concierto de las comunidades forales.

Tras conocerse la propuesta, Rodríguez Zapatero defendió que los Ejecutivos autonómicos y partidos hagan todas las propuestas que crean oportunas sobre el sistema, pero advirtió de que ese modelo, como recoge la Constitución, le corresponde decidirlo al conjunto del país, ya que "son unas reglas comunes cuyos principios básicos están contenidos en la propia Constitución".

Solbes advirtió de que el "cambio claro" que plantea Cataluña requeriría el acuerdo previo de todas las comunidades autónomas, ya que ha de "ser aplicable de forma equitativa" entre las distintas regiones, aun permitiendo "especificidades en algunos casos".

Opinó que esta redistribución de los recursos podría tener margen de negociación, pero también debería ser discutido entre las autonomías con el fin de preservar el principio de cohesión e igualdad que fija el sistema actual.

Puso tres requisitos para que el Gobierno dé el visto bueno a cualquier reforma del modelo vigente: el respeto a la Constitución y las competencias que ésta fija, la aplicación equitativa en las distintas regiones y el mantenimiento de la solidaridad y la cohesión entre ellas.

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, eludió opinar sobre la propuesta al creer que se trata de un nuevo "globo sonda", si bien dejó claro que cualquier reforma en esta materia deberá respetar la Constitución.

Sí opinó el líder del PPC, Josep Piqué, quien consideró "poco realista" y "excesivamente detallada" la propuesta y agregó que la misma "es inasumible" por parte del PSOE y de cualquier Gobierno de España.

No obstante mostró "la plena predisposición" de su grupo para hablar del modelo "tanto como sea preciso" y anunció que en los próximos días se reunirá con el consejero de Economía, Antoni Castells.

El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, impuso como condición "sine qua non" para llegar a un acuerdo en Cataluña el establecimiento de una "relación fiscal bilateral" con el Estado y de una agencia tributaria propia catalana. Constató "algunos avances", pero avisó de que CiU "no aceptará una agencia consorciada", ni está dispuesta a esperar 15 ó 20 años para alcanzar una equiparación con los resultados del Concierto Económico vasco.

Posteriormente, el Gobierno catalán expresó su voluntad de "tender la mano" a CiU para abrir el diálogo con la oposición sobre el nuevo modelo de financiación y, así, ir "unidos" a la hora de negociar con el Estado.

La propuesta catalana también suscitó reacciones de dirigentes políticos de otras comunidades. Así, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó que "no puede haber privilegios de unos territorios sobre otros" y recalcó que esa premisa "vale también para el sistema de financiación autonómica".

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló que en la comunidad "no estamos de acuerdo y no vamos a admitir sistemas de financiación 'a la carta' que encubran, enmascaren o disfracen los regalos que el Gobierno de España quiere hacer a quienes mantienen al presidente en La Moncloa".

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo que "es una primera propuesta que habrá que conocer en profundidad, debatirla y ver si tiene encaje en la Constitución", ya que "si no lo tuviera hay poco que discutir". Recordó que "en el texto constitucional se dice, con claridad, que ningún Estatuto de Autonomía puede suponer privilegio social o económico".

La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, rechazó la propuesta, al incluir la financiación en el Estatuto y entender que el foro de discusión "adecuado" para este asunto es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Insistió en que una nueva reforma del modelo de financiación autonómica pasan por premisas como la solidaridad entre territorios y la garantía de igualdad tanto en el acceso a los servicios como en su calidad "independiente" de la comunidad donde se resida.

La Junta de Castilla y León advirtió de que "no admitirá" un "trato prioritario" ni una negociación bilateral de la financiación autonómica con Cataluña, y confió en la "sensatez del Gobierno para que negocie con el conjunto de las autonomías" y "no salga adelante" la propuesta catalana.