El diputado del PSPV en las Corts Ignacio Subías ha mostrado este domingo su rechazo a la privatización del Instituto Cardiovascular del Consorcio Hospital General de Valencia y ha asegurado que los socialistas no están dispuestos "a permitir la parasitación del sistema público por parte del sector privado" porque el modelo público "puede ser excelente si está gestionado por los profesionales del sistema con recursos".

En un comunicado, el parlamentario ha apuntado la intención de la Conselleria de Sanidad de llevar adelante el contrato del plan operativo del Instituto Cardiovascular, lo que supone "un paso más en la privatización de servicios".

Aunque ha manifestado no dudar de "las buenas intenciones de los clínicos que quieren llevar adelante este proyecto", ha señalado que tampoco tiene dudas de que "una empresa privada quiere obtener beneficios".

Por ello, ha apostado por que "se profesionalice la gestión y se den mecanismos de autogestión a los profesionales para que lleven este proyecto adelante con recursos públicos, con financiación pública y con gestión pública" y ha asegurado que cuando gobierne el PSPV revertirá al sistema de salud público "todo lo que se está privatizando".

Subías ha explicado que este instituto se creó hace unos años como un área clínica que gestionaba los servicios de cardiología, cirugía cardiaca, angiología y cirugía vascular, con una gestión conjunta tanto desde el punto de vista clínico como funcional, mientras que el nuevo contrato "supone aplicar un pago capitativo, es decir, no por la atención de los pacientes, sino un pago que recibiría el instituto y pasaría a la empresa correspondiente dependiendo del número de ciudadanos a los que da cobertura el instituto".

150 MILLONES

Así, ha señalado que esto "supondría unos 150 millones de euros en 10 años y posiblemente una prórroga de cinco años". Ante esto, ha destacado que "es evidente que si se paga una cápita fija independientemente de la actividad, la tendencia de una empresa privada va a ser o bien disminuir servicios o bien disminuir la calidad de las prestaciones".

"Si en un momento determinado el número de prestaciones superara las previsiones realizadas previamente nos encontraríamos con lo que ocurrió en Alzira en 2003, es decir, que como no se obtenían los beneficios que querían se rescindió el contrato y se dio una cápita superior para que la misma empresa siguiera gestionando", ha concluido.