El secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, ha hecho pública este lunes la apuesta de su partido por la "nacionalización" de las compañías eléctricas españolas, como solución ante el "fraude" y la "estafa" que, a su juicio, ha supuesto la liberalización del sector eléctrico, que, lejos de llevar "competencia y bajada de precios" al mercado, ha supuesto "una subida del 60 por ciento del recibo de la luz" para los ciudadanos desde 2008.

En una rueda de prensa ofrecida con motivo de las fechas navideñas y por la reapertura de la renovada sede del PCA en Córdoba, Mariscal ha explicado que "la solución del PCA para el problema de las eléctricas se llama nacionalización", es decir, "el rescate para el pueblo del sector energético es crucial para este país", pues, para empezar, permitiría "abandonar los enfrentamientos entre los diversos sectores que componen la producción eléctrica, como el de las renovables, el del ciclo combinado, el nuclear o el de las térmicas, que es lo que está provocando el encarecimiento de los precios".

De hecho, según ha subrayado Mariscal, quien ha estado acompañado por la secretaria provincial del PCA en Córdoba y portavoz adjunta de IU en el Parlamento de Andalucía, Alba Doblas, "no hay un déficit tarifario", sino que "hay una deuda de las eléctricas hacia los ciudadanos", que debe pagarse y, para ello, no solo "hay que auditar bien lo que pasa, no ya en las subastas, sino lo que está pasando desde que se liberalizó el sector energético", que ha supuesto "un fraude y una estafa" al ciudadano, de ahí que el PCA ponga sobre la mesa "la idea de la nacionalización del sector eléctrico".

28F

"de lucha"

Por otro lado, el también senador de IU por la comunidad autónoma andaluza ha anunciado que el Comité Central del PCA ha acordado organizar "un 28F de lucha y de reivindicación", junto con sindicatos y otros colectivos, al entender que "el Estado federal debe construirse con el protagonismo activo de Andalucía", ya que "hay un proceso constituyente en Cataluña y debemos construir un proceso constituyente en el conjunto del Estado español y para eso el pueblo andaluz debe movilizarse".

Se trata de demostrar que los andaluces no van a soportar "más imposiciones y recortes del Gobierno central hacia Andalucía", cuya "soberanía política" debe ser respetada, según ha resaltado Mariscal, siendo ejemplo de ello "el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de la Función Social de la Vivienda", algo que "no se puede soportar" y, por ello, según ha avisado, "vamos a un 28 de febrero de movilización y de rebelión".