La Asamblea Nacional Popular China, el máximo órgano legislativo del país, inicia este lunes una semana de reuniones en las que se debatirán, entre otros asuntos, a relajación de la controvertida política del hijo único y el fin de los campos de reeducación. Éstas reformas fueron anunciadas ya el pasado 15 de noviembre por el Partido Comunista de China tras su plenario anual, pero, dado el control que la formación política ejerce sobre la Asamblea Nacional, se espera que sean asumidas en la sesión por este órgano sin grandes sorpresas o modificaciones sustanciales.

Para conocer las conclusiones de la Asamblea Nacional sobre estos dos asuntos habrá que esperar a su finalización el próximo sábado, 28 de diciembre, aunque también es posible que el Legislativo chino posponga la votación final para su plenario, más mediático, que se celebrará en marzo de 2014. Sin embargo, máximos responsables de la Comisión de Planificación Familiar y de Salud de China, con rango de ministerio, prometieron recientemente que la relajación de la política del hijo único entraría en vigor a principios del próximo año, por lo que al menos esta decisión podría tomarse ya en la actual reunión.

La reforma planteada de la política del hijo único no supondrá el fin de la política de control de natalidad china, iniciada a finales de los 70 y principios de los 80 y considerada clave para las autoridades de Pekín para frenar la superpoblación de China (que ya alcanza casi 1.345 millones de habitantes). Actualmente la norma establece que solo podrán tener dos hijos los matrimonios cuyos cónyuges no tengan hermanos  pero, a partir de la reforma que propone el Partido Comunista, solo será necesario que uno de los padres no tenga hermanos.

Con esta medida, que llega tras unos años de duro debate interno en el seno del partido, los expertos calculan que podrían nacer unos dos millones de bebés más al año en un país en el que actualmente se registran unos siete millones de nacimientos anuales.

En cuanto a la reformas en los campos de reeducación chinos (o laojiao, en mandarín), organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional se han mostrado cautas con el anuncio. Los laojiao han sido repetidamente criticados por la comunidad internacional pues suelen utilizarse en condenas extrajudiciales e imponen trabajos forzados prohibidos por las convenciones de las Naciones Unidas. Las ONG temen que el Gobierno chino sólo cambie la apariencia de estos campos pero mantenga los castigos sin sentencia judicial o los trabajos forzados contra disidentes o activistas sociales.

En la pasada reunión de noviembre del Partido ocmunista, también se fijó que "se trabajará para prohibir la obtención de confesiones mediante la tortura y el abuso físico", "se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten evidencias obtenidas ilegalmente" y "se reducirán el número de delitos que se castigan con la pena de muerte paso a paso. China es uno de los países que más aplica la pena capital.