Las opciones de Ignacio González de ser el candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2015 se han agotado. Tras la caída del proyecto de Eurovegas, confirmada la semana pasada, y con los planes de privatización sanitaria puestos en cuestión por la Justicia, la imputación de su mujer en el caso del ático en Estepona —la jueza sugiere en el auto que González también podría ser imputado— ha dado la puntilla a sus posibilidades.

Así lo aseguran miembros del PP de Madrid, que consideran a González "acabado" después de que su pareja sentimental, la empresaria y adjunta a la Presidencia de la patronal madrileña Lourdes Cavero, fuera encausada este martes por la compra del ático que la pareja adquirió en Estepona a finales de 2012.

Según estos dirigentes, esta no es solo una impresión. Queda constatado, por ejemplo, en que ningún miembro de la Ejecutiva nacional saliese este miércoles a defender la inocencia de un González que nunca ha contado con el favor de Mariano Rajoy —al que se ha enfrentado abiertamente y quien este jueves ha evitado arroparle con palabras en la cena del partido— ni de ministros como Cristóbal Montoro o Alberto Ruiz-Gallardón. La situación ha saltado al plano nacional y políticos como Rosa Díez o Gaspar Llamazares han pedido a González que se marche.

"No le quedan bazas. Ni a él ni a Ana Botella. De aquí a 2015 pueden pasar muchas cosas, pero esto puede decantar la balanza. Interior ya destituyó a dos comisarios [el de Marbella, Agapito Hermes de Dios, y el excomisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla] por investigarle, pero no se puede seguir así", insiste un miembro de la ejecutiva del PP de Madrid.

El propio González ha dicho este miércoles que no le van a "doblegar" los que han lanzado una campaña basada en "insidias" y "suposiciones".

Aunque la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá la imputación de Lourdes Cavero por falta de motivación, el daño ya está hecho. González siempre ha asegurado que tanto el alquiler del ático situado en la Fase III de la Urbanización Alhambra Golf como su compra, que ejecutó a finales de 2012, son completamente legales.

El presidente regional llegó a mostrar la escritura con la que selló la adquisición del inmueble por 770.000 euros, pero la juez de Instrucción 5 de Estepona, Mariana Peregrina, insiste en saber si detrás de la misma hubo un delito contra la Hacienda, evasión fiscal y blanqueo de capitales.

González solicitó a La Caixa un crédito hipotecario a 20 años para cubrir los primeros 270.200 euros. Los otros 500.000 fueron depositados en efectivo. La razón de que el matrimonio tuviese tanto dinero disponible, según el político popular, es que su mujer recibió 700.000 euros tras salir de la patronal del sector eléctrico Unesa, donde trabajó 25 años. Ni la empresaria ni su marido han sido llamados a declarar para precisar los detalles de esta indemnización.

El beneficiario fue Coast Investors S.L., una sociedad radicada en la zona libre de impuestos de Delaware (EE UU) y que pertenece a la panameña Waldford Overseas Investiments. El representante de Coast en la venta del ático fue Rudy Valner, abogado y compañero de negocios del productor audiovisual y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo. Sin embargo, y a pesar de la adquisición, el piso siguió figurando en el Registro de la Propiedad a nombre de Javier Villate, dueño del ático antes que Coast y beneficiario de cuentas de Waldford Overseas Investiments. La Fiscalía Anticorrupción considera este entramado "opaco".

La jueza ha solicitado información a Hacienda sobre Rudy Valner y ha emitido dos comisiones rogatorias a EE UU y Londres —donde Coast Investors tiene oficinas y cuentas abiertas— para averiguar quién cobró finalmente y dónde fueron a parar los 770.000 euros. Sin embargo, los requerimientos van con retraso porque el Ministerio Fiscal ni siquiera los ha traducido al inglés, precisan fuentes judiciales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que denunció la operación, sospecha que González siempre fue dueño del ático, incluso cuando disfrutaba de él en alquiler, y que la compraventa fue solo una operación de maquillaje para esconder un regalo por la presunta mediación del presidente madrileño en operaciones inmobiliarias relacionadas con la trama Gürtel. Anticorrupción cuenta con un informe que asegura, por el contrario, que fue Enrique Cerezo quien lo pagó en agradecimiento por las adjudicaciones que la Comunidad firmó con sus empresas.

La imputación de Cavero, conocida este martes, es un paso más en la investigación. Ignacio González puso de manifiesto este jueves su "sorpresa y estupor" por la encausación de su esposa "después de más de un año de actuaciones sin que se haya encontrado absolutamente nada ni se haya puesto sobre la mesa ninguna prueba ni dato acreditativo de ninguna comisión o delito". Además, recalcó que la juez procede a la imputación para proteger a Cavero de una posible "indefensión", como consta en el auto.

En el mismo texto, la jueza deja abierta la puerta para encausar a González —trámite que corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su condición de aforado—y envía el caso a la Audiencia Nacional al considerar que tiene implicaciones internacionales.

Tras conocer el documento, la oposición en la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia urgente del presidente para que dé explicaciones a la Cámara. "Éste es un Gobierno agotado que lo mejor que podría hacer es dimitir", reclamó Gregorio Gordo (IU). Tomás Gómez, se unió a la petición y apeló al líder del PP, Mariano Rajoy: "González debe dejar su responsabilidad al frente del Gobierno y, si no lo hace, el señor Rajoy está obligado a pedirle su cargo".