El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy Suárez, ha solicitado al Gobierno de la ciudad que "reclame jurídicamente" los 51 millones de euros que la anterior contrata del transporte urbano, Tuzsa, adeuda al Consistorio, según revela una auditoría con base jurídica de un informe de 2011 de la Universidad de Zaragoza.

Suárez ha anunciado que en el próximo pleno defenderán una moción en la que apremian al Gobierno de Zaragoza a que presenten la reclamación judicial en el plazo de 5 días, además de que en se auditen, en un tiempo máximo de 45 días, todas las certificaciones, revisiones de precio y liquidaciones de las contratas del Ayuntamiento desde 2009, aplicando los mismos criterios de equilibrio económico que en la de Tuzsa.

Otro apartado de la moción señala que se destinen los recursos indebidamente pagados a reforzar las líneas de autobús urbano y a estudiar una bajada de las tarifas del transporte público a los usuarios.

En rueda de prensa, Suárez ha indicado que puesto que el informe de la Universidad de Zaragoza se conoce desde hace casi tres años "si hubiera normalidad, el alcalde tendría que haber concordato entonces a la Junta de Portavoces y dar la información de forma conjunta" en lugar de tener que convocar una comisión extraordinaria.

"al juzgado"

A su parecer, "no favorece al Ayuntamiento que su vicealcalde consienta un pago de 51 millones y luego diga que se adeuda al Consistorio" para estimar que "es difícil encontrar una gestión tan temeraria" y ha agregado que "son unos pésimos gestores y el máximo responsable es Belloch".

Ante el intento del Gobierno de la ciudad de intentar llegar a un acuerdo con la empresa en lugar de recurrir a los tribunales, Suárez ha apuntado que "es evidente que Gimeno no se cree los informes jurídico" para apostillar que "si no va al juzgado es porque no se atreve" para conminarle a "explicar las muchas cosas que tiene que decir".

De forma sintética, ha diferenciado que "unos somos serios y otros unos impresentables porque no se me ocurre firmar una contrata y luego no cumplir la ley" para abundar más al indicar que "si hay un informe jurídico se defiende, pero no se amenaza".

Finalmente, ha expresado que "ojalá el Ayuntamiento actúe como la empresa y vaya al juzgado porque una sentencia da pie a la ejecución. El escenario es el juzgado, lo demás no tiene buena pinta", ha detectado.