El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, ha lamentado este viernes que el Gobierno central "esté ocultando" a las comunidades autónomas la recaudación obtenida con las nuevas tasas judiciales, cuando todo apunta a que "sólo se ha obtenido un tercio de los 300 millones" que pretendían recaudar.

En rueda de prensa, José Fiscal ha tildado de "fiasco" esta medida que pretendía, en principio, según ha remarcado, destinar el dinero a financiar la justicia gratuita, a lo que ha añadido que ahora en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 "el Gobierno central sólo contempla para tal fin un 10 por ciento de lo que se recaude con la nueva norma".

Para el delegado onubense, ésta es la forma habitual de actuar del Gobierno central con "desinformación y confusión" con una ley que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro comunidades autonómicas, una de ellas es Andalucía, que "ha tenido que ser modificada a instancias de la Defensora del Pueblo y que ha sido rechazada por los colegios profesionales, las asociaciones de jueces, los sindicatos y las organizaciones de consumidores".

Fiscal ha criticado que el Gobierno "no dé ninguna información" sobre esta Ley, que, a su juicio, "vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el principio constitucional de igualdad", como lo demuestran las 2.700 peticiones a la oficina de la Defensora del Pueblo para que esta norma sea recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Ante esta situación, el delegado ha destacado "el esfuerzo" que está realizando la Junta de Andalucía en "garantizar este derecho fundamental" con el reciente acuerdo firmado con los abogados y los procuradores andaluces para garantizar el abono de los servicios prestados y acreditados, y ha subrayado "el compromiso" del Gobierno andaluz con la justicia gratuita tras los últimos pagos efectuados a los profesionales con el abono en noviembre de más de 116.000 euros, una deuda que "la Junta está pagando poco a poco y con mucho esfuerzo".

Para Fiscal, el Gobierno central "ha generalizado el pago" por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un "efecto disuasorio para que gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas no puedan obtener este derecho, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

En opinión del delegado, estas tasas "profundizan en la desigualdad, al igual que otras muchas medidas que viene impulsando el Gobierno central como la reforma laboral, el copago sanitario, la amnistía fiscal, los recortes en la Ley de la Dependencia o la Lomce, con el único objetivo de desmantelar el Estado de Bienestar".

Descienden los casos

Fiscal ha explicado que con esta nueva normativa el número de casos en los juzgados onubenses ha descendido un 2,74 por ciento durante el primer trimestre del año, un 12,7 en los asuntos civiles y un 4,5 en los conteciosos-administrativos.

Estas cifras, según ha subrayado Fiscal, "se suponía que se iban a dar porque en determinados asuntos al recurrirlos iba a costar más 'el collar que el perro'".