El Tribunal de Cuentas acusa en su Informe de fiscalización del Organismo autónomo 'Agencia para el Aceite de Oliva' del ejercicio 2011 a los gobiernos regionales de Cataluña y Navarra de dar una "ventaja competitiva" a sus envasadores de aceituna, al no reclamarles el pago de cuotas a su Organización Interprofesional, como sí deben abonar los envasadores del resto de comunidades autónomas.

Según el documento, que recoge Europa Press, la normativa autonómica de Cataluña y Navarra considera almacenistas a los envasadores de aceitunas de estas regiones, lo que les permite no presentar la pertinente declaración y, por lo tanto, no pagar las cuotas a la Organización Interprofesional "aunque desde la perspectiva de la Agencia sean operadores y la deban presentar".

Además, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que los servicios de inspección de ambas comunidades "no tramitan ningún procedimiento sancionador" a estas envasadoras por no presentar sus declaraciones, lo que les "otorga a una ventaja competitiva" frente a las que sí cumplen con esa obligación.

"En opinión de este Tribunal, la normativa autonómica de estas comunidades autónomas sobre las envasadoras de aceituna no afecta a la obligación de declarar establecida en la normativa estatal y, por tanto, de pagar la cuota a las organizaciones interprofesionales", se añade en el documento.

Por eso, sugiere a la Agencia que promueva ante el Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de medidas que "clarifiquen" la situación de las envasadoras en dichas regiones sobre sus obligaciones de presentar declaraciones mensuales y de pagar cuotas a las organizaciones interprofesionales.

Sanciones muy bajas

Por otra parte, el organismo fiscalizador denuncia también la falta de un "procedimiento coercitivo eficaz" para evitar estos incumplimientos de declaración, ya que la Agencia para el Aceite de Oliva sólo puede tramitar unos requerimientos informales dirigidos a los operadores y, en caso de que no respondan, remitir una propuesta de sanción a la comunidad autónoma correspondiente, que es la que tiene la competencia sancionadora.

Sin embargo, "el importe de las sanciones finalmente impuestas por las comunidades autónomas es, en general, muy inferior" a la propuesta de la Agencia, e incluso "en muchos casos" las comunidades autónomas ni siquiera sancionan los incumplimientos denunciados por la Agencia, que tampoco insta de oficio a iniciar estos procedimientos sancionadores en los casos de impago, sino que se limita a esperar que la Organización Interprofesional formule la denuncia, "amparándose en una interpretación inadecuada" del Reglamento.

"Esta falta de iniciativa de la Agencia podría desembocar en la prescripción de los potenciales derechos de crédito frente a los incumplidores", señala el Tribunal de Cuentas, que advierte del mismo riesgo como consecuencia de la falta de una fecha límite para que las organizaciones interprofesionales reclamen las cuotas impagadas. "Los potenciales ingresos públicos que pudieran derivarse de la sanción pueden verse perjudicados por la falta de diligencia de las organizaciones", insiste.

De hecho, incluso cuando la comunidad autónoma remite una propuesta de sanción al operador afectado, se incumple de forma sistemática el plazo de 60 días previsto "en múltiples casos", lo que da lugar a una "gran heterogeneidad" sobre la duración de los procedimientos que, "en muchos casos", superan incluso el año.

Por estos motivos, el organismo fiscalizador sugiere a la Agencia que emplace al Ministerio de Agricultura a establecer, por parte de las comunidades autónomas, procedimientos coercitivos "más eficaces" para "minorar el riesgo de incumplimientos" en las declaraciones. En la misma línea, propone que la Agencia cambie su proceso sancionador por impago de cuotas, de modo que no haya que esperar a la denuncia de las organizaciones interprofesionales.

"Esta propuesta contribuiría a evitar el riesgo de que se pudieran producir desigualdades entre los operadores incumplidores a la hora de ser objeto de denuncia, así como el riesgo de prescripción", señala el informe, que aconseja asimismo la revisión de oficio de todos los casos de incumplimiento del pago de cuotas que no hayan sido objeto de multa y que no hayan prescrito aún.

Falta coordinación

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha detectado una importante falta de coordinación entre las comunidades autónomas y la Agencia para el Aceite de Oliva, tanto en el seguimiento de las propuestas de sanción como en los propios servicios de inspección, lo que impide realizar "controles cruzados" así como conocer los resultados o el trabajo de las diferentes unidades de la Agencia.

Y es que, según denuncia el organismo, la Agencia "carece de una instrucción o manual de inspección que contenga una descripción detallada de los procedimientos a seguir antes, durante y después de las actuaciones inspectoras".

Por todo ello, se recomienda a la Agencia redactar un manual de procedimientos de actuación, con instrucciones y directrices para todas las intervenciones que puede realizar, así como presentar un Plan de Actuación en el que "evalúe sus necesidades de personal, especialmente tras la atribución de mayores funciones en el control de la cadena alimentaria".

También se sugiere al organismo que elabore Planes Anuales de Inspección, donde se planifiquen sus actuaciones inspectoras "de acuerdo con un análisis previo de los riesgos, costes y objetivos a alcanzar", así como unas "instrucciones detalladas o un manual referido específicamente al procedimiento de inspección".

Para incrementar sus ingresos, el Tribunal de Cuentas propone también a la Agencia que celebre convenios de colaboración con cada organización interprofesional para la que realiza labores de control y seguimiento en el pago de las cuotas, incluyendo una "justa contraprestación". Y, por otra parte, tendría que "reforzar el control de los pagos pendientes de aplicación" para disminuir los errores sobre deudas que ya han sido satisfechas.