Tres funcionarios del último Govern de Jaume Matas han negado, en su declaración como acusados en el fleco que restaba por juzgar del denominado caso Mapau, que el expresidente balear ordenase contratar para el Ejecutivo autonómico a una supuesta agente electoral del PP dedicada en realidad a captar votos en Argentina a favor del partido de cara a las elecciones autonómicas de 1999.

Su comparecencia ha tenido lugar ante el tribunal de la Sección de Refuerzo de la Audiencia Provincial de Baleares en el marco de las pesquisas que quedaban por enjuiciar de la primera causa de corrupción que salpicó, en 1999, al expresidente autonómico quien, por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), no fue finalmente imputado. La causa global, que fue archivada, investigaba una trama de captación de sufragios en Sudamérica en favor de los 'populares' para los comicios de 1999.

En su declaración, los inculpados, para cada uno de los cuales la Fiscalía solicita tres años de cárcel, una multa de 2.160 euros y dos años de inhabilitación, han desvinculado al expresidente del Govern de la contratación supuestamente arbitraria de Maria de la Pau Segura en 1998 para cubrir una teórica plaza de traductora en el Govern, a pesar de que en realidad se hallaba en el foco del anterior entramado como presunta agente electoral del PP.

La propia Segura ha declarado como testigo ante el tribunal y, en su comparecencia, ha recordado que en esa época se quedó sin trabajo y dejó su curriculum "en mil sitios, entre ellos en varias Consellerias", tras lo cual le llamaron del Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IBDI), donde se requería el puesto. "No recuerdo mucho más, hace muchísimo tiempo de aquello. Es un proceso que mi mente ha borrado de la memoria porque es bastante desagradable", ha aseverado.

Del mismo modo, ha asegurado no recordar haber mantenido una entrevista en el IBDI para su contratación, y que según la Fiscalía, pese a que se levantó acta del encuentro firmada "exclusivamente" por los tres acusados, "no se celebró realmente, pues la señora Segura se encontraba en Argentina, donde había viajado el día anterior". A juicio del fiscal, este hecho "revela la intención de los acusados de otorgar directamente y sin sujeción a condición alguna, la plaza ofertada" a Segura.

La testigo, a preguntas del fiscal Julio Cano, ha manifestado que no sabía previamente que esa plaza iba a ser ofertada y, al ser inquirida sobre si existía un pacto para contratarla si bien con el fin de realizar funciones relacionadas con Presidencia, se ha limitado a responder: "que yo sepa no". Y es que el representante del Ministerio Público le ha comentado que, "curiosamente, los requisitos para la plaza son exactamente iguales que su curriculum, enviado seis días antes de la convocatoria", a lo que Segura ha manifestado "no soy yo quien convocó la plaza".

Maria de la pau segura afirma que no conocía a matas

Finalmente, la presunta agente electoral ha asegurado no conocer a Matas ni haber hablado con él, como tampoco con ninguno de los acusados. "No negocié con ellos mi contrato", ha añadido. La testigo ha aseverado finalmente no haber censado nunca a ningún residente ausente para la circunscripción de Formentera, lo que constituía el foco de las investigaciones del caso Mapau.

Previamente, durante el turno de declaración de los acusados, la exdirectora general de Promoción Industrial Rosa Grijalba ha recordado que estuvo presente en la reunión que el 28 de mayo de 1998 celebró el Comité de Selección del IBDI -formada por los tres inculpados- y en la que se planteó la convocatoria de la plaza de traductora, si bien ha aseverado que las condiciones habían sido presentadas por los técnicos del IBDI, que eran "quienes conocían las necesidades" del órgano.

La acusada ha apuntado que no le consta que hubiera ninguna "orden" de contratar a Segura, como apunta la Fiscalía, y que cuando firmó la contratación, "lo hice de forma totalmente imprudente" puesto que le pasaban "un montón de documentación para firmar". "Si hubiera sabido que se produjo alguna orden, lo hubiera dicho en la primera declaración que presté en 2001", ha aseverado.

Por su parte, tanto el exsecretario del Consejo de Dirección del IBDI como el vocal del Consejo de Dirección de este Instituto Ángel Gallego han manifestado que "alguien del IBDI debió decidir los requisitos" de la plaza "pero no nosotros". "No decidíamos qué tipo de persona se debía coger y, en el caso de Segura, no teníamos ningún interés en contratarla". Según Gallego, eran los encargados de la gerencia del IBDI quienes "conocían las necesidades del órgano".

Mientras tanto, otro de los testigos que han comparecido en la vista oral y también integrante del IBDI, Salvador Fortuny, quien ha manifestado que los acusados son amigos suyos, ha recordado que no conocía "de nada" a Segura por lo que "difícilmente podría haber sido contratada a iniciativa mía". El testigo ha apuntado que fue el entonces secretario general técnico, Carlos Gutiérrez, quien le ordenó firmar el contrato, aseverando que ninguno de los acusados le dio indicaciones en este sentido.