Un total de 13 personas, entre los que se encuentran gerentes y asesores fiscales, de los más de 365 imputados por el presunto fraude a la Seguridad Social cuya cuantía asciende por el momento a 1.624.140 euros, ya han declarado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba y hasta ahora no hay ninguna persona en prisión, en esta investigación que continúa abierta y no se descartan más imputaciones tras las efectuadas en distintos puntos del país.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que detallan que las empresas que se investigan son cordobesas y entre los imputados, alrededor de cien son de fuera de la provincia de Córdoba, concretamente de Mallorca, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Sevilla, Toledo o Barcelona, entre otras.

En cualquier caso, se mantiene abierta la investigación en la que se prevé que se superen los 1,6 millones de euros, supuestamente defraudados por los imputados, en su mayoría perceptores de prestaciones indebidas de desempleo a través de los servicios de empleo.

Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba solicitó de forma urgente a la Junta de Andalucía dos funcionarios de refuerzo para llevar a cabo la investigación en curso y evitar la prescripción de delitos, si bien hasta el momento no se ha atendido dicha petición.

Según informó la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las diligencias previstas se iniciaron en enero del año 2012 a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social, pero la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en el mes de marzo del año 2009.

En concreto, el presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.

Aunque la investigación ha dado lugar hasta el momento a la identificación de unas 365 presuntos perceptores, aún queda pendiente de determinar la existencia de otros participantes en el fraude, ya sea por devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.