El coste anual del servicio de vigilancia prestado por la Guardia Civil en los edificios judiciales de la provincia de Málaga asciende a 1.244.500 euros. Una tarea que realizan un total de 119 efectivos del instituto armado, aparte de 38 trabajadores pertenecientes a empresas de seguridad privada.

Así se desprende de una respuesta de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía a la parlamentaria autonómica de IU Dolores Quintana, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que se especifica también que, para el ejercicio 2014, el departamento dirigido por Emilio de Llera tiene previsto continuar prestando los servicios de vigilancia de las sedes judiciales de la provincia de Málaga a través de agentes de la Guardia Civil —mediante la correspondiente adenda al convenio del año 2010— y del contrato de seguridad privada.

En la respuesta parlamentaria se recuerda que en 2001 se firmó el primer convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la entonces Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia de protección y seguridad de los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma.

Desde entonces, la vigilancia y seguridad de las sedes judiciales de Málaga, al igual que en el resto de Andalucía, ha venido realizándose por guardias civiles en situación de reserva, y, en aquellas poblaciones en las que no existían efectivos suficientes, mediante contratos de seguridad privada.

Este convenio fue objeto de sucesivas prórrogas mediante adendas anuales hasta el año 2010, en el que, con fecha 1 de diciembre, se firmó un nuevo acuerdo que se mantiene en la actualidad, según la respuesta del consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

En el convenio de 2001 se preveía para la vigilancia de las sedes judiciales de la provincia de Málaga un número máximo de 132 efectivos de la Guardia Civil y en el de 2010 la cifra se redujo a 127. No obstante, el total de agentes se ajusta anualmente mediante la correspondiente adenda.

Ocupación en 2013

Respecto a 2013, desde la Consejería han incidido en que, a fecha de septiembre, prestan servicio en tareas de vigilancia de los juzgados de la provincia malagueña 119 efectivos de la Guardia Civil —un 93,7 por ciento de ocupación respecto del total previsto en el convenio— y 38 trabajadores de empresas de seguridad privada.

Finalmente, ante la pregunta de la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida de cuántos contratos de seguridad privada estima la Consejería de Justicia e Interior que se han dejado de realizar una vez que se desplazan guardias civiles para este fin, el departamento que dirige De Llera ha señalado que "ninguno".

En este sentido, ha explicado que "desde julio de 2010 existe un único contrato de servicio de vigilancia para todas las sedes judiciales de la provincia de Málaga, que en julio de 2012 fue objeto de una prórroga durante dos años más".