El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha reiterado el rechazo de su gobierno a la reforma local y ha advertido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que llevará la norma al Tribunal Constitucional si no recoger expresamente que es competencia de esta autonomía la atribución de competencias a cabildos y municipios

Hernández Spínola ha intervenido ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que este martes debate la incidencia autonómica de la reforma de la administración local, y ha subrayado que "si una comunidad posee características que la hace distinta, es Canarias". Ha agregado que si la norma recoge una previsión sobre los regímenes forales, debería hacer lo mismo con Canarias.

"No se presta atención especial al hecho insular que también está recogida en la Constitución. Sin privilegios para el archipiélago. Se trata de dar una respuesta a la singularidad objetiva que reconoce al propia Unión Europea", ha insistido.

El consejero ha recalcado que el proyecto "arrebata al archipiélago el reconocimiento específico que siempre ha tenido" y le ha propuesto una enmienda al ministro, presente en la comisión, en la que ha escuchado a todos los consejeros: "En Canarias, el régimen y los criterios de atribución de competencias a los cabildos y municipios se establecerán por una ley del Parlamento de Canarias". Ha asegurado que de no darse este cambio, su comunidad "combatirá" la ley la llevará al Tribunal Constitucional.

El dirigente canario ha subrayado el papel especial de los cabildos insulares, que tienen más atribuciones que las diputaciones y que son elegidos directamente en urna por los ciudadanos, por lo que no pueden ser equiparados con aquellas. "Además de corporaciones locales son instituciones de la comunidad autónoma, así lo establece el Estatuto de Autonomía", ha explicado.

No al traspaso de competencias

El consejero ha asegurado que esperaban una reforma integral de las corporaciones locales y de sus haciendas y que lo que se ha hecho es una reforma "parcial, centralista, sin consenso político y ajena a las demandas ciudadanas".

Entre otros aspectos, Hernández Spínola ha criticado especialmente el traspaso a la comunidad de las competencias en servicios sociales y educación y, sobre este último capítulo, ha considerado "perjudicial" que sea la comunidad la encargada de vigilar la escolaridad obligatoria y supervisar la obtención de solares para construir los centros. "Es en el ámbito local donde se deben ejercer estas competencias", ha dicho.

Hernández Spínola ha mostrado por último su "alegría" por el debate en sí mismo. "Espero por el bien el Senado que esta iniciativa tenga continuidad", ha dicho.