La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha rechazado, con el voto del PP, que se transfieran a la Xunta las competencias en materia de seguridad marítima, las de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, además de que se endurezca la legislación existente en materia de comisión de delito ecológico, a fin de evitar una catástrofe como la del 'Prestige', acaecida hace 11 años, como así lo solicitaba el BNG en una iniciativa parlamentaria.

Igualmente, se planteaba la realización de una inspección submarina del pecio del 'Prestige', que sigue conteniendo gran cantidad de fuel, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), así como con el Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas; una propuesta que ha sido igualmente rechazada.

A su vez, se promovía que la Cámara demandase a la Agencia Europea de Seguridad Marítima que la toma de imágenes por satélite se extienda a toda la costa gallega, y específicamente al dispositivo de separación marítimo de Fisterra (A Coruña), uno de los de más tráfico de mercancías peligrosas registra, que tampoco ha sido respaldada por el grupo mayoritario de la Cámara, ni que se valorase el cuadro de toma de decisiones planteado en la revista científica del CSIC, donde se desaconsejaba el alejamiento de petroleros con fugas que transporten fuel pesado.

Denunciar convenios internacionales

Eso sí, el punto que más rechazo ha provocado por parte de los 'populares' ha sido la propuesta de la nacionalista gallega de promover las medidas necesarias para denunciar los convenios internacionales firmados por el Estado español en materia de indemnización por daños de contaminación marina.

El BNG lo solicitaba especialmente en lo relativo a la responsabilidad civil por daños causados por hidrocarburos, así como apostar por una nueva legislación asentada en el principio de responsabilidad solidaria e ilimitada tanto en relación a los causante del daño como de sus beneficiarios.

Desde el PP, el diputado Joaquín María García ha criticado que el objetivo de esta iniciativa no era buscar la mejora legislativa, sino que esta propuesta iba contra las normas nacionales e internacionales en la materia, "para revivir la confrontación social".

De hecho, ha sugerido que la diputada del BNG la ha planteado por "oscuras intenciones", "no por ignorancia", puesto que en la actualidad se han reparado los daños ambientales entonces producidos, se han indemnizado a los afectados y se han prohibido en la UE los petroleros monocascos, aparte de aprobarse un decreto por el que se aprueba el sistema nacional de respuesta ante la contaminación marina.

"Nunca se habló de transferencias porque va contra la Constitución española, contra las políticas de seguridad marítima, como el tratado de funcionamiento de la UE. Su propuesta camina en sentido contrario y sobre el endurecimiento de la legislación olvida la directiva comunitaria y el Código Penal", ha remarcado García, para exigir a la diputada del BNG que "no manipule", ni utilice la sentencia del 'Prestige' porque el Gobierno, además, ha anunciado que piensa recurrirla.

Una tragedia que ha salido "gratis"

La defensora de la iniciativa, Olaia Fernández Davila, ha lamentado en su argumentación que esta catástrofe del petrolero, que tiñó de chapapote negro las costas de Galicia el 13 de noviembre de 2002, demostró las flaquezas en materia de seguridad del tráfico marítimo y la precariedad de medios para la lucha contra la contaminación marina en el corredor de Fisterra, uno de los que mayor tráfico registra.

"A pesar de que han transcurrido once años (...) nada se ha avanzado. Un delito ecológico de esas dimensiones ni siquiera es objeto de una sentencia ejemplar por parte de la Justicia. No hay castigo para los autores de una de las mayores mareas negras ni tampoco existen las responsabilidades políticas por la errática e ineficaz gestión de un accidente marítimo que se agravó por las decisiones adoptadas desde el Gobierno central y la Xunta", critica la nacionalista gallega.

A su juicio, la catástrofe del 'Prestige' no tiene ningún coste, sale prácticamente gratis, salvo a los gallegos y a toda la marea humana de voluntarios que se implicaron activamente en la limpieza de las costas y de los arenales. Es más, sostiene que uno de los muchos fallos en la gestión del Prestige fue la "enorme descoordinación" entre las administraciones implicadas.

"Después de una catástrofe de estas características podría afirmarse que si volviese a ocurrir no se contaría con muchos más medios. Galicia seguiría desprotegida, al albur de decisiones que se adoptan a miles de kilómetros de la costa gallega", subraya el BNG, recordando a su vez su petición de que Galicia recuperase la competencia en la gestión en salvamento marítimo.

Finalmente, ha insistido en que la sentencia sobre el 'Prestige' ha resultado ser "una decepción" porque no sólo premia el delito ecológico, sino que sus responsables quedan impunes. "Incluso permite al Gobierno central vanagloriarse de una actuación cuestionada desde todos los ámbitos", apostilla la independentista gallega.

Mientras, Laura Seara, diputada socialista gallega que tuvo la ocasión de preguntar al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, en la sesión de control al Gobierno la semana pasada sobre este asunto, ha rechazado que hasta la fecha no se haya atribuido ninguna responsabilidad el Gobierno ni se procure el resarcimiento económico a los afectados, ni tampoco se depuren responsabilidades penales, ni civiles.

Marc Solsona, de CiU, ha subrayado que esta catástrofe sí supuso un delito ecológico que no debe de quedar impune teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, respetando las decisiones judiciales. "Puso en evidencia descoordinación entre administraciones", ha apostillado.