La Federación de Enseñanza del sindicato CCOO en Andalucía ha confirmado que registrará solicitudes de reunión "al más alto nivel" para plantear soluciones que se encuentren "dentro de la ley" y que puedan evitar el despido de más de 800 monitores de apoyo administrativos de centros educativos de la comunidad autónoma andaluza, después de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta haya indicado que no renovará los contratos para la prestación de este servicio y, en su lugar, contratará a través de oferta pública de personal laboral del grupo III.

El secretario general de la federación, José Blanco, ha informado a Europa Press de que la central sindical pretende buscar alternativas a una fórmula que, de otro modo, "tendría que resolverse en los tribunales", habida cuenta de que muchos trabajadores ya han iniciado el procedimiento jurídico, mientras que también se han convocado ya concentraciones ante las delegaciones territoriales y la propia Consejería de Educación, así como ante la Delegación del Gobierno.

A su juicio, al margen de una posible subrogación, se podría explorar una interpretación diferente del convenio colectivo según la cual se podría reconocer a los actuales prestadores del servicio su "experiencia". Asimismo, aboga por la búsqueda de soluciones temporales que permitan el apoyo administrativo y la cualificación de estas personas.

"Se trata de buscar fórmulas expresamente reconocidas en el marco de la legalidad, y no por la puerta de atrás", ha manifestado Blanco, haciéndose eco del "gran malestar" que ha causado la versión de la Junta, que únicamente incide en las condiciones en que la empresa tenía contratados a los trabajadores, "tirando balones fuera en lo tocante a su propia responsabilidad al no haber estado vigilante durante todos estos años".

De su lado, la administración autonómica ha aseverado que mantendrá el servicio de apoyo de monitores administrativos a los centros de Educación Infantil y Primaria, pero "no al precio de dilapidar los derechos de los trabajadores". Así lo ha manifestado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien considera "inadmisible que con la excusa de la crisis se eche al traste los derechos de los trabajadores y ejerzan sus funciones en condiciones lejanas a toda dignidad".

Más de 10.500

Puestos privatizados "desde hace años"

CCOO ha relacionado este asunto con los más de 10.500 puestos de trabajo en los centros educativos públicos "que llevan años privatizados", entre los que se encuentran monitores de educación especial, personal de administración, personal de cocina, monitores de comedor escolar o intérpretes de lengua de signos, entre otros. Para el sindicato, estos trabajadores "son tan necesarios como la propia labor docente, y el hecho de que estos puestos estén privatizados está dañando sus condiciones laborales y, con ello, el propio sistema educativo y la calidad del servicio que este debe ofrecer".

Así, Blanco ha valorado que la Consejería de Educación y sus responsables políticos "se sumen públicamente a la preocupación existente sobre los derechos de los trabajadores de los centros educativos" pero, a la vez, censura que "todo se quede en buenas palabras sin hechos reales que solucionen situación del sector".

Ante esta situación, el sindicato exige a la Consejería negociar sobre la privatización de los servicios a la educación que venían siendo realizados con personal de la misma y que ahora desarrollan empresas privadas.