El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado este lunes que las "consecuencias políticas" que, sobre todo pueden tener para el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, la confirmación a nivel indiciario de una contabilidad 'B' en el PP "corresponden a la política y quedan fuera" del ámbito de su competencia.

Así ha eludido Torres-Dulce pronunciarse en Santander sobre las consecuencias que para Rajoy puede conllevar el auto del viernes del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz confirmando la existencia "a nivel indiciario" de una contabilidad 'B' en el PP que habría sido utilizada para pagar la remodelación de la sede de Génova.

A preguntas de la prensa antes de participar en la toma de posesión del fiscal superior de Cantabria, José Ignacio Tejido, Torres-Dulce ha señalado que sus juicios los hace "exclusivamente en términos jurídicos".

Ha añadido que lo que se derive de esa causa será visto por el fiscal encargado del asunto y por la Fiscalía Anticorrupción y ha señalado que cuando lleguen a "alguna conclusión" se la "pasarán" para tener conocimiento de ella.

Según el auto del juez Ruz, se utilizó esta contabilidad B para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación en la calle Génova de Madrid entre los años 2005 y 2011.