El juez del caso Invercaria abre causas distintas para investigar a ocho empresas públicas de la Junta

El juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado abrir ocho causas distintas para investigar a otras tantas agencias o empresas públicas de la administración autonómica a cuenta del supuesto uso de las transferencias de financiación para "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución" carentes de "fiscalización previa" pese a tratarse este último de un requisito "exigible".

El juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado abrir ocho causas distintas para investigar a otras tantas agencias o empresas públicas de la administración autonómica a cuenta del supuesto uso de las transferencias de financiación para "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución" carentes de "fiscalización previa" pese a tratarse este último de un requisito "exigible".

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas acuerda abrir diligencias previas distintas para investigar a cada una de las ocho empresas públicas a fin de esclarecer "si han seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa con análisis diferenciados".

En concreto, la investigación afecta a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Giasa), la Empresa Pública de Turismo Andaluz (Turasa) y la agencia pública empresarial Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla quiere indagar si se han podido cometir posibles delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos.

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