El consejo de administración de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) ha acordado este viernes la elaboración de un informe jurídico que evalúe "los perjuicios que para el buen nombre del organismo público y de sus trabajadores" suponen las manifestaciones vertidas por la denominada Oficina de Defensa del Anciano.

La mencionada oficina fue creada el pasado año, impulsada por un particular, Marcelino Laruela, con el objetivo de denunciar irregularidades que pudiesen sufrir las personas mayores y enfermas. A lo largo de este tiempo, ha emitido diferentes notas de prensa en este sentido.

El informe jurídico que solicita ahora el ERA quiere que también se tenga en cuenta el posible perjuicio que está causando esa oficina por "por arrogación de funciones y la confusión que su denominación ocasiona en relación al Letrado del Anciano, órgano administrativo adscrito a la consejería de Bienestar social y Vivienda".

Por otro lado, en su reunión de este viernes, el ERA ha señalado que mantiene las previsiones en la ejecución de las obras actuales, así como en la puesta en marcha de nuevos centros. El objetivo del ERA es "continuar con su política de puesta a disposición de las personas mayores de nuevas plazas que contribuyan a ir reduciendo la lista de espera".