La Diputación analizará la compatibilidad del director de la Oficina de Alcaldes

IU pide el cese de López Nieto y el PSOE recurrirá a Fiscalía si no se "esclarece" la situación laboral del exárbitro de fútbol
Elias Bendodo PP y Toni Morillas IU en pleno diputación
Elias Bendodo PP y Toni Morillas IU en pleno diputación
EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN MÁLAGA
Elias Bendodo PP y Toni Morillas IU en pleno diputación

El equipo de gobierno de la Diputación de Málaga analizará la compatibilidad del director de la Oficina de Alcaldes y exárbitro internacional de fútbol, Antonio Jesús López Nieto, para conocer si puede ejercer su labor en la institución y también ser vocal del comité técnico de árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El viceportavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Carlos Conde, se ha mostrado sorprendido por la polémica suscitada ya que "hay muchos cargos con labores ajenas a su gestión diaria". En este punto, ha recordado que López Nieto tenía compatibilidad cuando estaba en el Ayuntamiento de Málaga y, en este caso, existe "esa similitud". No obstante, el PP analizará esta situación.

Los portavoces de la oposición, Francisco Conejo (PSOE) y Antonia Morillas (IU), han criticado durante el pleno de este viernes que López Nieto desempeñe una labor ajena a la propia de la institución sin que se haya aprobado la compatibilidad. Así, la dirigente de la coalición de izquierdas ha solicitado el "cese inmediato" del director de la Oficina de Alcaldes.

"No hay informes de compatibilidad, los hemos buscado y nos parece lamentable y deleznable que en la situación actual, con salarios que superan los 80.000 euros, haya cargos de esta Diputación que compatibilicen su labor con labores privadas y que el Pleno ni siquiera tenga conocimiento", ha apostillado.

En este sentido, el portavoz socialista ha aludido a la legislación vigente, que señala que el personal eventual está sujeto al régimen de incompatibilidades y que, por lo tanto, es necesario que el ejercicio de actividades profesionales fuera de las administraciones públicas requiere de un previo reconocimiento de compatibilidad.

Conejo ha instado al PP a adoptar medidas para garantizar la legalidad sobre la situación del director de la Oficina de Alcaldes y que se lleven a cabo las actuaciones disciplinarias correspondientes "en caso de que haya ejercido otras tareas sin tener la compatibilidad".

Es más, el socialista ha asegurado que recurrirán a la Fiscalía si el equipo de gobierno "no actúa y esclarece la situación de López Nieto". "No vamos a permitir que actúen al margen de la ley y por eso queremos que se garantice el cumplimiento de la legalidad o iremos a la Fiscalía", ha apostillado.

Comisiones de servicios

Tanto IU como PSOE han llevado a la sesión plenaria sendas mociones, que no han sido aprobadas, sobre las comisiones de servicio en la Diputación de Málaga, a cuyo equipo de gobierno han solicitado "coherencia y transparencia".

Conejo ha pedido que no se prorroguen las comisiones de servicio actuales, a través de las cuales "se incorpora personal externo a la Diputación o a sus organismos, funcionarios procedentes de otras administraciones, y que encubren la incorporación de personal de confianza política del PP".

Así, se ha referido al conductor y a un asesor de Presidencia, al coordinador de las actividades culturales y al jefe de los servicios jurídicos. Según el portavoz del PSOE en la institución, "todos los sindicatos de Diputación han denunciando que se están utilizando las comisiones de servicio y algunos, incluso, lo han llevado a los tribunales".

Este "subterfugio", según Conejo, ha supuesto para las arcas provinciales un gasto de 200.000 euros en 2013. "Es un nuevo despilfarro del PP, no se justifica cuando en la Diputación hay trabajadores que pueden hacerlo", ha afirmado, al tiempo que ha exigido que las comisiones de servicio sean para casos "excepcionales y siempre con acuerdo sindical".

Además, ha pedido a través de una moción, que ha sido rechazada, que la Diputación se comprometa a que los cargos de confianza de la institución y de sus organismos dependientes no tengan "sobresueldos por actividades privadas y que su dedicación sea exclusiva".

Por su parte, IU ha reclamado que se reduzcan los cargos de confianza en un 50 por ciento y que ese ahorro se destine a acciones de gasto social y de igualdad, así como que estos cargos perciban como máximo un 90 por ciento del salario que cobra el presidente de la institución.

Morillas ha criticado que en este año el PP haya realizado 25 decretos de ceses y nombramientos e incluso que "se haya cesado a cargos de confianza que no estaban en la Relación de Puestos de Trabajo que acompañó al presupuesto". "Hay plazas que aparecían como vacantes y estaban ocupadas", ha lamentado, y ha instado al equipo de gobierno a proporcionar una relación actualizada de plazas de personal eventual indicando cuáles están ocupadas, cuáles vacantes, quiénes las ocupan y el régimen de compatibilidades.

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