El Grupo parlamentario Socialista ha presentado una Proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que insta al Gobierno central a garantizar el mantenimiento en Granada de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según un comunicado, en la iniciativa, la diputada socialista y secretaria de Organización del PSOE, Elvira Ramón, ha subrayado que la reforma de Demarcación y Planta Judicial presentada por el Gobierno del PP plantea el desdoblamiento de la sede del TSJA, "una iniciativa que supone un ataque sin precedentes al Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establece la sede del Tribunal en la ciudad de Granada, sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades de la comunidad autónoma".

Para Elvira Ramón la propuesta recogida en el texto del Ministerio de Justicia, supone "una falta de respeto" a las instituciones de la provincia de Granada "con las que no se ha contado y a las que ni siquiera se ha informado" a lo que ha añadido que "desvirtuar el papel de Granada como capital de la Justicia de Andalucía excede de la competencia del Ministerio, por lo que esta propuesta debe ser modificada de forma inmediata".

A su juicio, la propuesta de texto articulado de la Ley que formula el Gobierno "sigue la senda de las reformas de la administración que viene implantando el Ejecutivo de Rajoy, reformas que ignoran a los ciudadanos y las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las comunidades autónomas".

"Con el pretexto de un supuesto ahorro, esas reformas persiguen la reducción de la administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos —ha aseverado— y supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones que los convertiría en poco más que sedes administrativas".

De igual forma, ha indicado que, de llevarse a cabo esa reforma, Andalucía sería "una de las comunidades autónomas más afectadas y sufriría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos que viven en los pequeños municipios". En este sentido, ha subrayado que en Granada "desparecerían nueve de los diez partidos judiciales de la provincia", es decir, todos menos la capital, donde se centralizarán los juzgados, "lo que tendría efectos muy perjudiciales por las peculiaridades geográficas de la provincia y sus características territoriales".

"Cualquier propuesta, para merecer una mínima consideración, tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona o cuestiones como el carácter rural, urbano o turístico de la zona para llegar a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas en una propuesta de la propia comunidad autónoma de Andalucía", ha indicado Ramón.

Por ello, ha planteado la retirada de la propuesta para elaborar una nueva "que respete la demarcación" y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales y que "garantice la permanencia en Granada de la capitalidad judicial de Andalucía".

Finalmente, Ramón ha incidido en que "la justicia es un servicio público esencial para los ciudadanos, por lo que esta propuesta, como todas las reformas del PP, creará ciudadanos de primera y de segunda, agudizando las diferencias entre el ámbito urbano y rural".