La secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, ha mostrado este lunes su rechazo a la propuesta del Gobierno central por la cual se amplía el poder de las mutuas a la hora de solicitar el alta médica de la persona trabajadora a las Unidades de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud.

El sindicato ha explicado que, como novedad, la propuesta del Gobierno recoge que si en el plazo de cinco días no se responde motivadamente por parte del médico de familia a la solicitud se produce el alta de la persona "de manera inmediata".

Para CCOO, este hecho deja en "una indefensión absoluta a la persona trabajadora dándole más importancia al interés económico que a la salud". Martínez ha emplazado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "a dar una respuesta contundente de rechazo y garantice el derecho constitucional a la protección de la Salud". El sindicato ya ha anunciado que iniciará una campaña informativa sobre este tema en los centros de trabajo.

Rechazo frontal es el que ha mostrado el sindicato hacia el artículo 7 del proyecto de Real Decreto para regular determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días por entender que da más poder a las mutuas y empeora la salud de las personas trabajadoras.

Según ha manifestado la secretaria de Salud Laboral del sindicato en una nota, la propuesta del Ejecutivo central tiene un objetivo claro, "darle más poder a las mutuas de manera que, también en este terreno, primará el interés económico sobre la salud de las personas trabajadoras".

Martínez ha explicado que el Gobierno pretende "atribuir a las mutuas unas competencias que son propias del sistema público de salud", de modo que el artículo 7 habilita un nuevo procedimiento por el cual en los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común de las personas trabajadoras, la mutua puede solicitar el alta médica de la persona trabajadora a las Unidades de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, que trasladarán dicha solicitud al médico de familia, de forma que si no se responde motivadamente en 5 días a tal petición se produce el alta 'de facto'.

De ese modo, el alta la sigue emitiendo la administración sanitaria por silencio administrativo "pero a la persona ni siquiera se les da el derecho a conocer la propuesta de alta de la Mutua y acudir a su médico de cabecera antes de que se produzca el alta presunta".

Un alta que implica, según ha apuntado Martínez, una serie de efectos legales ya que pone fin a la situación de incapacidad temporal, extingue el derecho al subsidio por incapacidad temporal, y pone fin a la baja, por lo que la persona trabajadora deberá incorporarse al puesto de trabajo inmediatamente, siendo motivo de causa de despido el incumplimiento de esta obligación.

A ello se añade el agravante, según ha constatado el sindicato, de que la praxis habitual de las mutuas en los últimos años "deja bastante que desear". En ese sentido, Martínez ha señalado ejemplos que van desde no aceptar como accidentes laborales y enfermedades profesionales la mayoría de los casos que atienden derivándolos al sistema público sanitario, a poner múltiples impedimentos para realizar la atención sanitaria adecuada y reconocer las prestaciones que les corresponden; e, incluso, solicitar altas alegando simplemente una leve mejoría de la persona trabajadora sin atender a su derecho de protección y restablecimiento absoluto de su salud.

CCOO ha emplazado a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a que tenga una "respuesta firme y contundente ya que supone una invasión clara del gobierno central en las competencias públicas del Servicio Andaluz de Salud", y le ha exigido que garantice el derecho constitucional a la protección de la salud que se le encomendó en el Estatuto de autonomía de Andalucía "ya que esta propuesta supone un ataque a las personas trabajadoras andaluzas".

Por su parte, el sindicato ya anunciado que iniciará una campaña intensiva de información en los centros de trabajo "para dar a conocer las pretensiones reales del gobierno central" y ha advertido que "no descarta otras acciones si no hay un cambio de rumbo".