El secretario xeral de la Consellería de Sanidade, Antonio Fernández Campa, ha asegurado que "el 99,9 por ciento" de quienes tengan que pagar la sanidad a través de convenios especiales serán personas con "rentas superiores a los 100.000 euros anuales", toda vez que existen "mecanismos suficientes" para que el resto de la población tenga cubierta su asistencia sanitaria.

Es lo que ha dicho, en comisión parlamentaria, al ser preguntado por la diputada de AGE Eva Solla sobre el decreto estatal aprobado el pasado mes de julio, por el que se aprobó que las personas que no gocen de la condición de aseguradas o beneficiarias podrán suscribir un convenio para acceder a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

"Es el nuevo decreto de la vergüenza", ha subrayado, convencida de que completa el anterior "decreto de la vergüenza" que excluía de la sanidad pública a "los inmigrantes sin papeles" y a "los mayores de 26 años" sin cotizar por ser estudiantes, "amas de casa divorciadas" o "cualquier otra persona" que no se pueda integrar en la tarjeta sanitaria de un familiar cercano.

Y es que, a su entender, esta nueva "barbaridad" legislativa viene a "consumar el apartheid sanitario", toda vez que establece cuantías que "no van a poder ser pagadas" por las personas "susceptibles de acogerse" a esos convenios especiales. Y es que, ha apuntado, se fijan mensualidades de 60 euros para los menores de 65 años y de 157 para los mayores de esa edad.

Sin embargo, Fernández Campa ha aseverado que los colectivos sociales referidos por Solla tendrán condición de asegurados siempre que sus ingresos anuales no superen los 100.000 euros al año y que tengan nacionalidad española y residan en el país o, siendo extranjeros, cuenten con un permiso de residencia en territorio español.

"es una trampa"

Por lo tanto, como ha dicho, "no existe el riesgo" de que alguien "sin techo o sin trabajo" quede excluido de la atención sanitaria pública, al tiempo que ha insistido en que los convenios especiales son para personas cuyos ingresos superan los 100.000 euros anuales. "Y su renta es elevada", ha señalado, para justificar que no habrá ayudas en este ámbito.

Sin embargo, Eva Solla ha mantenido que "es una trampa decir que todas las personas" con ingresos inferiores a 100.000 euros al año "están cubiertas" por el sistema público. Entre los motivos que ha aportado está "la falta de información" a determinados colectivos para acogerse a "la tarjeta de beneficencia", la dirigida a personas sin recursos o sin papeles.

En su turno de cierre del debate, Fernández Campa ha reiterado que "no se va a cobrar" la asistencia a personas con menos de la mencionada cuantía, al tiempo que ha hecho hincapié en que "los convenios especiales están pensados, fundamentalmente" para aquellas personas que superan este límite de ingresos

Reproducción asistida

Por otra parte, en la misma comisión, Fernández Campa ha respondido a una pregunta de Carmen Gallego (PSdeG) sobre "la discriminación a lesbianas y mujeres solas" para acceder a la reproducción asistida pública. "Parece que el PP entiende que el único modo de estar en pareja es entre hombres y mujeres, sin tener en cuenta la diversidad afectivo-sexual", ha reprobado.

Y, haciendo mención a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobre que "la falta de varón no es un problema médico", la socialista ha cargado contra el PP por "aprovechar la crisis para aplicar su ideología más rancia".

Pese a ello, el secretario xeral de Sanidade ha aseverado que, por el momento, seguirá siendo aplicable la ley en vigor —de 2006— sobre técnicas de reproducción asistida en el ámbito sanitario público y ha puntualizado que el texto que se está debatiendo sobre su posible modificación no contiene "ninguna exclusión específica para lesbianas o mujeres solteras".

Ante las críticas de la parlamentaria a centrar estos tratamientos únicamente en "las mujeres que tengan infertilidad", Fernández Campa ha recordado que se trata de "la misma redacción" del decreto firmado en 2006 por la entonces ministra socialista Elena Espinosa. "Pero ahora le parece una discriminación", le ha reprochado.

Dicho esto, ha recordado que, en el Consejo Interterrritorial de Sanidad que se debatió este asunto, la "posición mayoritaria" de las autonomías fue mantener las normas de 2006 en lo relativo a la reproducción asistida, misma postura que tomó Galicia.

DROGODEPENDENCIAS

A mayores, Eva Solla ha criticado las "bajadas" presupuestarias de la Xunta "desde 2010" en materia de prevención de drogodependencias, algo que ha sido negado por la directora xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Sonia Martínez Arca.

De hecho, ha apuntado que los fondos para este ámbito son más del doble que los del ejercicio anterior, toda vez que se ha recuperado una orden de ayudas para ayuntamientos que había "desaparecido" en 2012.

En todo caso, ha asegurado que la dotación "se ampliará" en caso de que los fondos estatales hagan lo propio, atribuyendo así la caída a la reducción del Plan Nacional sobre Drogas.

Por su parte, ha resaltado que la Xunta destina casi 12 millones de euros a prevención y asistencia a drogodependientes y que 1,6 millones de euros se dedican, concretamente, a programas de prevención desarrollados tanto desde ayuntamientos como por parte de ONG.