Una plataforma compuesta por los sindicatos UGT y CCOO, las asociaciones de comerciantes Fecoma Málaga y Comercio Córdoba, las organizaciones de consumidores Facua, Al-Andalus y UCA-UCE, la Confederación de Asociaciones Vecinales (CAVA) y el colectivo ATTAC Andalucía, entre otros, han apoyado y firmado un manifiesto para exigir al Gobierno andaluz, así como al conjunto de partidos que conforman el Parlamento andaluz, una tasa a las grandes superficies.

Así, los representantes de estos colectivos han recordado que la crisis económica no afecta a todos por igual, incidiendo en que el coste de la misma "está recayendo sobre las clases trabajadoras y los colectivos sociales más desfavorecidos". Por ello, según CCOO-A, la recaudación de este impuesto "permitiría financiar políticas públicas a favor del pequeño comercio andaluz y del fomento, mantenimiento y creación de empleo en el sector comercial".

Han criticado las políticas del Gobierno central, "que aumentan aún más la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres", y han citado la reforma laboral, los recortes en pensiones, sanidad, educación y en otros ámbitos "que si bien no son tan evidentes, como sucede en el sector comercial, contribuyen igualmente a la desigualdad".

La liberalización de los horarios comerciales y la liberalización de las rebajas aprobadas en 2012 por el Gobierno central "son políticas que favorecen sólo a las grandes superficies, provocando una peligrosa descompensación entre los distintos formatos comerciales", han indicado desde CCOO.

En Andalucía, el comercio aporta el 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y casi medio millón de personas trabajan en el sector comercial andaluz, "lo que indica que una de cada cinco personas trabajadoras está ocupada en actividades comerciales". El 97 por ciento de los establecimientos comerciales corresponden a microempresas y el 99,65 por ciento del total de establecimientos comerciales son pymes.

Desde el inicio de la crisis, en el comercio minorista se han destruido 30.000 empleos y en el comercio mayorista 36.600, han apuntado. Según la encuesta de confianza empresarial para Andalucía, los principales problemas para los comerciantes son: la debilidad de la demanda —provocada por la disminución en el poder adquisitivo de los hogares—, las dificultades financieras —restricciones al crédito por parte de las entidades bancarias— y el aumento de la competencia —proliferación de distintos formatos comerciales—.

La liberalización total de horarios comerciales y de periodos de rebajas "ha roto el equilibrio consensuado en Andalucía entre formatos comerciales, beneficiando sobremanera a las grandes empresas y cadenas de distribución y a los formatos comerciales que constituyen los centros comerciales cerrados", han apostillado.

Defiende un modelo que cree ciudad

Desde CCOO han defendido un modelo de comercio "profesional, competitivo, de calado social, que crea ciudad y que genera actividad en los cascos urbanos". Asimismo, han defendido un comercio "de proximidad, de cercanía, con capacidad por sí mismo de revitalizar, impulsar y dinamizar la vida social y económica nuestros municipios".

Desde este sindicato, han reclamado un plan de reactivación del comercio con medidas y actuaciones "que beneficien los intereses generales del sector". Dicho programa debe contemplar medidas dinamizadoras que sirvan para aumentar el consumo, evitando la pérdida de empleo y mejoren la competitividad de las pymes andaluzas, han recalcado desde CCOO.

De este modo, para CCOO de Andalucía las decisiones sobre la ordenación de la actividad deben ser consensuadas con las organizaciones sindicales, de consumidores y empresariales, "y deben estar dirigidas al mantenimiento del empleo existente, mejorando su calidad y asegurando la formación profesional de los trabajadores del sector".

Igualmente, han demandado que debe servir para "afianzar el modelo de comercio mediterráneo que tenemos en Andalucía, que mantiene los centros urbanos y los pueblos vivos además de ser sostenible, y que apueste por un empleo de calidad que dignifique las condiciones laborales y sociales de sus trabajadores". Este plan, han añadido, debe contar con dotación financiera suficiente que permita la ejecución de las medidas y actuaciones contempladas.