Los ocho ediles del anterior equipo de Gobierno municipal de Santoña imputados por su presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa continuada están declarando a estas horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la villa y se han mostrado reacios a hacer declaraciones hasta no haber pasado todos ante el juez, limitándose a asegurar que están "tranquilos".

Así, al menos, lo ha asegurado el concejal del anterior equipo de Gobierno y actual portavoz del grupo municipal socialista, José Ramón Badiola, durante un receso que han hecho los exediles sobre las 12.30 horas, en el que no han contestado a las preguntas de los periodistas.

"Estamos tranquilos. Hemos declarado en sede judicial y se acabó", ha dicho Badiola, que ha sido el único que ha contestado a los periodistas, aunque no ha querido decir nada más.

Los imputados han salido casi todos juntos al receso acompañados de su abogada, que se ha limitado a explicar que aún sólo habían declarado tres de los ocho imputados y debían volver al juzgado.

Estas son las únicas palabras que han pronunciado en un receso de su declaración ante el juez, que se ha celebrado a las 12.30 horas durante unos minutos, cuando habían declarado sólo tres y que, por tanto, debían de volver al juzgado, algo que han hecho minutos después tras una breve pausa, en los que han acudido a un negocio hostelero próximo.

Los imputados, la mayoría de ellos ahora ediles en la oposición, han comenzado a llegar sobre las 10.15 horas, quince minutos antes de la hora a la que estaba previsto que comenzarán las declaraciones.

Entre los más madrugadores han figurado el propio Badiola y la concejal Carmen Leiva, tras los que han ido llegando progresivamente el resto. Su abogada ha llegado a los juzgados de la villa sobre las 11.00 horas.

Entre los imputados no se incluye a la exalcaldesa, Puerto Gallego, por su condición de aforada al ser diputada en el Congreso de los Diputados por el PSOE de Cantabria.

En la providencia dictada el 23 de septiembre, la jueza se remite a los indicios que se desprenden de las diligencias de la Fiscalía de 13 de febrero de 2013 sobre la adjudicación de contratos a distintas empresas entre los años 2003 y 2009 —cuando los ediles estaban en el Gobierno local de Santoña—, que se fraccionaron para eludir los requisitos de publicidad y del procedimiento de adjudicación que correspondieran en cada caso, y que se realizaron "obviando las decenas de reparos presentadas por la Intervención Municipal".

Están citados a declarar como imputados a los entonces concejales José Ramón Badiola, Pedro María López Rasines, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle Rosete.