El Ayuntamiento de Palma ha suspendido de empleo y sueldo, durante seis meses, al exjefe de la Policía Local Antoni Vera y a otros tres cargos del cuerpo, Antonio Barceló Martínez y Tomás Javier Mas y a Santiago Adrover Florit, a raíz de su imputación en el caso que investiga el supuesto amaño en las oposiciones a oficial de la Policía durante 2012, tal y como ha anunciado en rueda de prensa el alcalde, Mateo Isern.

Precisamente, todos ellos están citados a declarar el próximo 27 de noviembre ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en relación a estos hechos.

Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, el entonces director general de Seguridad Ciudadana del Consistorio, Enrique Calvo, presentó su dimisión tras ser imputado en el marco de estas pesquisas. Precisamente, ese mismo día, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en las dependencias de la Policía Local, ubicadas en la Avenida San Fernando.

Una vez que la Guardia Civil comunicó a Calvo su imputación en este caso, presentó su dimisión pero no por asumir los hechos que se le imputan, sino para "no perjudicar al cuerpo de la Policía Local y para poder ejercer libremente su defensa", según explicaron en su día fuentes del Consistorio palmesano.

Concretamente, la Guardia Civil realizó un registro, por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en la sede de la Policía Local de Palma de Mallorca en el marco de una nueva operación anticorrupción, relacionada con las supuestas irregularidades en las oposiciones a oficial de la Policía Local en el que se podrían haber filtrado las preguntas y respuestas del examen.

Por su parte, el 18 de septiembre, el alcalde de Palma, Mateu Isern, pidió disculpas y nombró a Guillem Mascaró como nuevo director general de Seguridad Ciudadana y a Nicolás Herrero como jefe de la Policía Local, tras la dimisión de Calvo y de Antoni Vera de sus respectivos cargos.

Así, Isern aceptó la dimisión del entonces intendente de la Policía Local, quien alegó motivos familiares, así como la intención de no dañar la honorabilidad de la institución y de ir en la línea de la política del alcalde de no tolerar este tipo de actuaciones.

Además, anunció la suspensión de las pruebas selectivas de la convocatoria a intendente, al tiempo que avanzó que se estudiará si se pueden reiniciar las pruebas o si se deben modificar las bases del modelo de convocatoria, según el resultado de la revisión.