El Defensor del Pueblo Andaluz y las Defensorías Universitarias de Andalucía, reunidos este jueves, han mostrado su "honda" preocupación por el incremento de casos de personas que se ven imposibilitadas de iniciar o continuar sus estudios universitarios como consecuencia de las dificultades económicas para atender el pago de los precios públicos correspondientes.

En un comunicado, estas entidades dan cuenta de las "numerosas" quejas y reclamaciones recibidas en las Defensorías, de las que se desprende que han aumentado de forma "notable" en las universidades andaluzas los supuestos de impago total o parcial de las matrículas universitarias por razones económicas sobrevenidas del alumnado y sus familias, lo que se está traduciendo en un incremento de las tasas de abandono de los estudios universitarios respecto de años precedentes.

Asimismo, se comprueba que aumentan los casos de personas que reconocen haberse visto forzadas a matricularse en menos asignaturas de las deseadas por razones económicas y no académicas, o haber desestimado determinadas opciones de posgrado por el "elevado" coste de las mismas.

"Especial inquietud" causa tanto a la oficina que dirige Jesús Maeztu como a los defensores universitarios el incremento de personas que se ven forzadas a abandonar sus estudios universitarios al serles denegadas las becas solicitadas como consecuencia del progresivo endurecimiento de los requisitos para su otorgamiento, o requerirles la devolución de las ya concedidas sin atender a circunstancias personales sobrevenidas.

Estas instituciones consideran "necesario" recordar que el acceso a los estudios superiores "no sólo es una premisa básica para el futuro desarrollo de cualquier sociedad, sino que es además uno de los derechos esenciales de la ciudadanía que se derivan del derecho fundamental a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución Española".

Llamamiento a la sociedad

"Entendemos por ello que el pleno disfrute de este derecho en el ámbito de un Estado que se proclama como social, no debería venir condicionado o quedar supeditado por las circunstancias económicas de los sujetos que desean ejercerlo; antes al contrario, demandamos la aplicación del principio de equidad como piedra esencial sobre la que debe basarse cualquier política pública en materia universitaria", subrayan, reconociendo el "meritorio esfuerzo" realizado en Andalucía para mantener los precios públicos de los estudios universitarios dentro de los parámetros mas bajos que permite la actual legislación, "lo que muestra una apuesta decidida por estas enseñanzas en un momento de innegables dificultades financieras para las arcas públicas".

Asimismo, consideran "encomiable" la actitud mostrada por las distintas universidades públicas en Andalucía en relación a este problema, que se ha traducido en la aprobación de numerosas iniciativas y propuestas destinadas a ofrecer ayudas y soluciones a las personas que carecen de los medios necesarios para la continuación de sus estudios.

No obstante, la persistencia de estos problemas y el temor de que puedan agravarse en el futuro más inmediato llevan al Defensor del Pueblo Andaluz y a las Defensorías Universitarias a hacer un llamamiento a toda la sociedad, "y especialmente a quienes ostentan responsabilidades públicas en relación con la universidad", para encontrar y adoptar medidas que salvaguarden de forma "plena" y "efectiva" el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad y equidad a los estudios superiores, "incluso en situaciones, como la presente, de crisis y dificultad económica".

A tal fin, las Defensorías se comprometen a "velar y tutelar con firmeza el ejercicio de este derecho" y a "formular a las autoridades correspondientes cuantas propuestas y sugerencias consideremos que pueden contribuir a garantizar la plena eficacia del mismo".