Al Ejecutivo no le ha quedado claro de dónde se va a obtener el agua necesaria para las 15.000 viviendas de Rabassa (8.000 VPO), unos 8,4 hectómetros cúbicos al año, y, además, considera que el Ayuntamiento tiene una «escasa disposición» para ofrecer información y no garantiza que el plan no afecte a terceros, entre otras deficiencias.

Además, el Ministerio de Defensa emitió, el pasado 4 de octubre, un informe desfavorable, debido a que no cumplía con las condiciones exigidas dada la excesiva proximidad de algunas casas con el cuartel militar que hay en la zona.

A la vista de estas respuestas parlamentarias, la diputada nacional de la formación de izquierdas exigió ayer la retirada del Plan Rabassa, por la falta de agua, por su aprobación «al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» y porque, a su juicio, «sólo beneficia al alcalde y a su entorno».