El sindicato CCOO-A ha anunciado que prevé recurrir la cuantía establecida por la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, que ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Roberto Carmona, en un auto en los que declara la responsabilidad civil subsidiaria de CCOO-A.

Fuentes de CCOO han indicado a Europa Press que "a diferencia de la detención irregular de Roberto Carmona", el hecho de incluir a la Federación de Industria de CCOO en el auto como responsable subsidiario "es considerado como perfectamente procedimental" y "habitual".

Por ello, las fuentes han apuntado que, en consecuencia, el sindicato "actuará de forma procedimental, mediante los correspondientes recursos".

Las fuentes han dejado claro que esta actuación procesal del juzgado "no significa inculpación alguna, ni del sindicato ni del propio Carmona".

Por otro lado, el sindicato ha indicado que realizará la actuación procesal correcta "dando la cobertura necesaria a sus representantes sindicales".

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto, todo ello en sendos autos en los que declara la responsabilidad civil subsidiaria de ambos sindicatos.

En los dos autos notificados este martes a las partes personadas, consultados por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya prohíbe salir de España a los dos sindicalistas, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles', y "para reforzar y asegurar tal condición" les obliga a entregar "inmediatamente" el pasaporte y el DNI. Además, les impone la obligación de comparecer judicialmente dos veces al mes.