El fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Jesús García Calderón, ha reclamado este miércoles en el Parlamento andaluz la creación de un Observatorio contra la Corrupción, ante la preocupación creciente que existe en la sociedad por esos casos.

García Calderón ha hecho esta petición en declaraciones a los periodistas tras entregar al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente al año 2012, mientras que la ha reiterado en su comparecencia posterior en la Comisión de Justicia e Interior.

Ha expuesto que en la memoria se ha dedicado un capítulo específico a la corrupción, como una preocupación creciente de la sociedad andaluza y de la propia Fiscalía, estableciendo las razones por las que se ha propiciado y ofreciendo "humildemente" algunas posibles soluciones. En su opinión, ese Observatorio, bien de carácter estatal o autonómico, debería ser independiente y analizar "no tanto la corrupción, sino las formas de reaccionar ante ella". Ha indicado que ya existe un observatorio sobre la violencia de género y que, en el mismo sentido, hacen esta propuesta.

Otras soluciones que ha mencionado consisten en la promulgación de un nuevo Código Procesal Penal que otorgue la instrucción al Ministerio Fiscal; un replanteamiento de la regulación de los delitos societarios; establecer un imperativo presupuestario en términos análogos a los que aparecen en otros ámbitos de la actuación pública, o la promulgación de las denominadas leyes de transparencia a nivel estatal.

También se ha referido, para evitar estos comportamientos delictivos, a la exigencia del cumplimiento de la legalidad administrativa; el desarrollo de amplias labores de intervención en el uso de fondos públicos y el incremento de la fiscalización contable, "dando inmediato traslado al Ministerio Fiscal de todas las irregularidades que sean detectadas y poniendo a disposición de los investigadores todos los antecedentes documentales que sean necesarios para la actuación de la jurisdicción penal, de la jurisdicción contable o de ambas a la vez".

La Fiscalía Superior de Andalucía define la corrupción como "una forma de crimen organizado que aprovecha una situación de dominio, normalmente en el seno la función pública, para la obtención de grandes beneficios materiales o inmateriales contrariando el ordenamiento jurídico", y pide por ello que sea tratada como tal, proponiendo además que los bienes y activos incautados reviertan en los organismos administrativos, policiales o judiciales que luchen contra esta lacra.

El fiscal superior también ha demandado una "respuesta institucional suficiente" que incluya la posibilidad legal de adopción de numerosas medidas como la incautación de bienes, medidas cautelares personales o reales, formas de publicidad o secreto de la instrucción, uso de agentes encubiertos o "de personas arrepentidas que son propias de la lucha contra el crimen organizado".

En lo que respecta al nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía considera necesario que la investigación recaiga en la Fiscalía, aunque con la supervisión de un juez, con unidades adscritas de investigación criminal bajo su dependencia e integradas tanto por agentes de Policía Judicial especialmente cualificados como por otros funcionarios públicos, estatales o autonómicos, dedicados a la fiscalización contable, el control de fondos públicos y de la contratación realizada por las administraciones. Esta normativa procesal debería además "establecer urgentemente una acotación temporal y flexible del proceso y, en especial, de la fase de instrucción".

En cuanto al Observatorio contra la Corrupción (que podría estar encuadrado en la propia Fiscalía General del Estado o sometido al control parlamentario), la Fiscalía entiende que debería tener una dotación presupuestaria singularizada y estar integrado por expertos de distinto signo en la lucha contra la corrupción que analicen el fenómeno de forma periódica, señalen sus causas, cuantifiquen los daños materiales que realmente produce y establezcan aquellas formulas más eficaces para combatirla, informando a la ciudadanía de los avances que puedan tener lugar tanto a nivel nacional como internacional.

Despenalización de juicios de faltas

Durante su comparecencia, García Calderón también ha expuesto que los procedimientos penales descendieron en 2012 un 10,3 por ciento en Andalucía, donde la Fiscalía incoó 923.245 asuntos, manteniéndose así la tendencia de años anteriores, pero con un paulatino descenso que "viene determinado por un mayor rigor en los criterios de registro y no por un descenso en la carga de trabajo burocrático real".

Según el fiscal, esto pone de manifiesto la "carga burocrática" y el volumen de asuntos penales incoados por los Juzgados de Instrucción de Andalucía casi representa "la cuarta parte de los incoados en todo el Estado y evidencia una carga de trabajo sin duda excesiva y muchas veces inútil, al atender situaciones duplicadas o alejadas completamente de la investigación criminal".

El número de incoaciones de diligencias previas sostiene la tendencia de años anteriores y no se incrementa "y se aleja, con lentitud", de la cifra redonda del millón de causas que se alcanzó hace algunos años. "Este paulatino descenso viene determinado por un mayor rigor en los criterios de registro y no por un descenso en la carga de trabajo burocrático real que es el índice que verdaderamente nos proporciona la cifra global de incoaciones de diligencias previas", según ha expuesto el fiscal.

Los números hacen concluir además que se ha producido "una cierta estabilidad en las formas más comunes de delincuencia", y así lo evidencian los procedimientos abreviados incoados (37.581 el pasado año, similar a años anteriores), o las diligencias urgentes —juicios rápidos—, que alcanzaron los 44.385 casos (45.189 en 2011).

Asimismo, el fiscal superior ha considerado conveniente la "despenalización" de los juicios de faltas, salvo situaciones excepcionales vinculadas con las faltas de lesiones o hurto, con el objetivo de "buscar una solución en el ámbito gubernativo y sin necesidad de establecer fórmulas de control jurisdiccional".

Por su parte, el parlamentario del PP-A Juan Ramón Ferreira ha lamentado que desde la administración autonómica no se hayan atendido las demandas de la Fiscalía Superior, más bien por una "irresponsable falta de voluntad política". Ha lamentado la "precariedad" y la "falta de medios" con los que se trabaja en el seno de la Fiscalía. Ha preguntado al fiscal superior sobre si tiene esperanza acerca de la recuperación del dinero sustraído en los casos de corrupción política y si le preocupan determinadas formas de presión a los jueces, como se ha visto recientemente con la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya.

El parlamentario del PSOE-A Enrique Benítez ha manifestado que en unos momentos de crisis económica como los actuales los ciudadanos necesitan más que nunca ver que la justicia actúa para poner en su lugar a las personas que han cometido acciones erróneas o delictivas. Ha señalado que es fundamental dotar a la justicia de los medios oportunos para que pueda desempeñar su labor. Ha indicado que las normas que se están impulsando en estos momentos, como la Ley de transparencia andaluza deberían evitar que se siguieran dando casos de corrupción.

La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha abogado por "airear" y señalar en la memoria los casos de los menores sin hogar por los desahucios de las viviendas de sus padres y ha echado de menos una referencia en la memoria, en el capítulo sobre violencia de género, a la situación de los menores que sufren ese entorno.