UGT ha mostrado este lunes su oposición al nuevo enlace eléctrico entre Baleares y la Península y ha pedido al Govern la creación de una Mesa de debate sobre el impacto del proyecto.

En un comunicado, la Federación de Industria y Trabajadores Agroalimentarios de UGT (FITAG-UGT) ha mostrado su oposición al proyecto de Red Eléctrica Española (REE) y ha destacado la necesidad de crear una Mesa de debate en la que se discutan análisis técnicos y económicos sobre las consecuencias, a su juicio negativas, que el proyecto de este segundo cable eléctrico tendría sobre el empleo, el desarrollo territorial y la garantía de la calidad del suministro eléctrico.

Según la organización sindical, otra de las cuestiones que debería abordar esta Mesa de debate -en la que tendrían que tener representación la comunidad, las entidades afectadas, la CNE, la Secretaría de Estado de Energía y los sindicatos mayoritarios- es el compromiso de garantizar la estabilidad y la calidad de los actuales empleos del sector.

"La nueva conexión eléctrica con la Península causaría graves consecuencias sobre la actividad económica y el empleo de Baleares", indica el comunicado en el que también detallan que las instalaciones existentes generan 463 empleos directos y un importante flujo económico derivado de las contratas y subcontratas que prestan servicios auxiliares a Gesa Endesa, "cuya actividad repercute en numerosas empresas locales", ha añadido FITAG-UGT.

En su opinión, este segundo enlace eléctrico es "innecesario" porque la central térmica de Alcúdia, las de los ciclos combinados de Cas Tresorer y Son Reus y el gasoducto ya garantizan una potencia instalada en Baleares con capacidad y calidad para satisfacer ampliamente la demanda eléctrica y futuros crecimientos.

"En el sistema eléctrico balear sobran actualmente 900MW, 1.200 MW en horario de bajo consumo", ha afirmado FITAG-UGT, al tiempo que ha defendido que si se pusiera en marcha el segundo enlace eléctrico con la Península las "millonarias inversiones" realizadas en los últimos años para la construcción del gasoducto y los ciclos combinados de Cas Tresorer y Son Reus "no se podrán amortizar al quedar estas instalaciones infrautilizadas".

Asimismo, la organización sindical ha desmentido que la inversión de 1.930 millones de euros con un coste de 3.162 millones que implicaría construir el nuevo enlace eléctrico entre la Península y Baleares junto con el primer enlace eléctrico con Ceuta y distintas conexiones entre Baleares y Canarias vaya a suponer ahorros de coste en el sistema eléctrico de estos territorios.

"Consideramos que se está ignorando el sobrecoste global que tendrían estos proyectos y su importante impacto en el alza de las tarifas eléctrica. El ahorro de combustible en Baleares con el segundo cable eléctrico es muy inferior al coste de amortización de la nueva instalación, a lo que hay que añadir el sobrecoste de la compra de energía para toda la Península", ha lamentado el sindicato.

Además, ha considerado "injustificable" que el Ministerio de Industria se plantee realizar este tipo de inversiones "innecesarias y que únicamente benefician a la empresa que las propone" cuando se están produciendo recortes en educación, sanidad, pensiones y servicios sociales.

FITAG-UGT ha recordado que si finalmente se ejecutan estas nuevas conexiones eléctricas REE recibiría "retribuciones anuales millonarias" por el transporte de la energía durante la vida útil de las instalaciones, por lo que ha exigido la separación completa de propiedad entre las dos actividades de REE, la de operador del sistema eléctrico español y la de empresa transportista.