La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha desestimado este viernes el requerimiento presentado por la Consejería de Fomento y Vivienda para la anulación del convenio que contemplaba el desarrollo de las conocidas como 'tecnocasas', en el centro histórico. De hecho, ha exigido a este departamento y a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) la ejecución del acuerdo, firmado en 2005, y que abonen las expropiaciones adeudadas, una cantidad que supera los 7,25 millones de euros, según el Consistorio.

Esta decisión se adopta tras la recepción a mediados de septiembre de un escrito de la consejera de Fomento y Vivienda y presidenta del consejo de administración de EPSA, Elena Cortés, en el que formula expreso requerimiento al Ayuntamiento de Málaga para que acceda a resolver de mutuo acuerdo el convenio de colaboración que fue suscrito para el desarrollo de actuaciones públicas en el centro histórico con apertura de la consiguiente fase de liquidación del mismo.

El Ayuntamiento de Málaga, en función del informe elaborado por la Asesoría Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), considera que no procede aceptar la resolución, ya que en todo momento el Consistorio ha cumplido con sus compromisos al respecto, según han informado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno del PP, Mario Cortés, y el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares.

Por ello, se ha acordado, además de desestimar la petición de resolución del convenio, requerir a la Consejería y a EPSA que procedan a la inmediata ejecución del convenio, aportando las cantidades correspondientes de los justiprecios expropiatorios e ingresando, con carácter inmediato, en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Hacienda aquellas cantidades a las que vienen obligadas en virtud de las actas de ocupación suscritas al efecto.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha ofrecido a ambos departamentos de la Junta cooperación y colaboración necesaria en orden a la correcta y buena ejecución de este convenio, sin perjuicio de poder alcanzar al efecto aquellos acuerdos que fueran necesarios en orden a una solución consensuada.

La Asesoría Jurídica de la GMU señala en su informe que la petición de la Junta padece un "error", al calificarse como requerimiento del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción, ya que "no ha existido un acto previo o actuación material unilateral del Ayuntamiento que se requiera dejar sin efecto".

Se indica en el informe jurídico que "el Consistorio malagueño ha cumplido fiel y lealmente el convenio, lo cual se evidencia en las actuaciones emprendidas y, en gran parte, culminadas en ejecución del mismo".

Según se desprende de la estipulación primera del convenio, su objeto es "regular la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través de EPSA, para la obtención de los suelos con destino a promoción de viviendas de protección, dotaciones y equipamientos necesarios en el ámbito del Área de Rehabilitación del Centro Histórico de Málaga".

A tal fin ambas partes acordaron la delimitación de unidades de ejecución para su desarrollo por el sistema de expropiación dentro del Área de Rehabilitación y, asimismo, se puso a disposición de la Consejería 74 fincas.

En desarrollo del convenio, la Administración municipal ha efectuado "un notable esfuerzo" y tal fin se han delimitado, tramitado y aprobado definitivamente 12 unidades de ejecución de común acuerdo.

A juicio del Ayuntamiento, no son ciertos los incumplimientos que la Junta formula en su escrito, tales como que EPSA haya sido designada beneficiaria en fincas cuyo uso no sea residencial o que se haya transmitido onerosamente a la empresa pública fincas de propiedad municipal calificadas de equipamiento o viario.

Sobre la previsión de que aquellos terrenos no destinados a equipamiento se valoren para su transmisión onerosa, proveyendo, mediante convenios específicos, su destino a inversión en nuevo patrimonio municipal y reurbanización de otro tipo de obras, el Ayuntamiento ha subrayado que ha estado dispuesto en todo momento a ello y, además, ha invertido una cantidad superior a la prevista en la reurbanización, renovación y mejora en el ámbito de las unidades integrales de rehabilitación.

En cuanto a la exclusión de fincas de las unidades de ejecución, se han efectuado con la conformidad de la Junta de Andalucía y con respeto al convenio, que prevé que se podrán segregar fincas de las unidades de expropiación que se consideren técnicamente, han precisado desde el Consistorio.

Por su parte, ha afirmado que EPSA "incumple" el convenio, ya que "se retrasa injustificadamente", al dejar de aportar las cantidades económicas necesarias para abonar a los expropiados los justiprecios correspondientes, lo cual está dando lugar tanto a reclamaciones administrativas ciudadanas como a litigios entablados al respecto.

Se ha constatado, ha apuntado, que, incluso, en determinados expedientes en los que EPSA tomaba posesión de las fincas y se comprometía a la consignación del justiprecio en la Caja General de Depósitos, no se ha producido tal ingreso, pese al reiterado requerimiento municipal, lo que podría dar lugar a responsabilidades de toda índole.

Sin buena fe

Según el informe, "la actuación de la Consejería y de EPSA, al interesar la resolución del convenio sin ponderar la situación traumática que ello conllevaría dadas las actuaciones expropiatorias llevadas a cabo con un buen número de ciudadanos e, incluso, pretendiendo ir contra sus propios actos, interesando la anulación de las unidades de expropiación, no parece estar presidida por la buena fe exigible en derecho, sino por un afán de eludir sus obligaciones, ya sea por dificultades de financiación o por el cambio producido en la dirección de la Consejería".

La junta de gobierno local ha aprobado también este viernes el proyecto de estatutos para formar parte de la Asociación de Ciudades de la Red Aeropostal, que trabaja para salvaguardar la memoria de la línea aérea creada para la distribución de correo durante la Primera Guerra Mundial, que unió los continentes europeo, africano y americano y en la que voló Antoine Saint-Exupéry.

También se ha dado luz verde a la propuesta presentada por el Servicio de Parques y Jardines del Área de Medio Ambiente para modificar los criterios de actuación geográfica que rigen el contrato de mantenimiento de los jardines históricos de Málaga.

La medida permitirá que la empresa adjudicataria de ese servicio, Eulen, pueda actuar en todas las zonas verdes de la ciudad. Así, se pondrá a disposición de los distritos una cantidad estimada en 470.000 euros hasta final de 2013 para la realización de inversiones y obras extraordinarias que permitirán la mejora de parques infantiles y zonas verdes o la reposición del arbolado urbano.

Por otra parte, se ha aprobado la propuesta de aceptación de la extinción del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para la financiación de los puestos escolares de la Escuela Infantil Novaschool Málaga-Centro, así como la aprobación de un nuevo acuerdo de colaboración y la adenda correspondiente al curso 2013/2014.

Para este curso escolar se contempla que esta escuela infantil ofrezca ocho puestos escolares para alumnos de cero a un año; 52 plazas para niños de uno a dos años —distribuidos en cuatro unidades—, y 60 puestos para menores de dos a tres años —tres unidades—.