El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha asegurado que es "el primer interesado en aclarar todo lo que sea necesario" en relación a los convenios firmados con la Fundación Profesional para el Empleo que presidía el exconsejero socialista de la Junta Ángel Ojeda. Así, ha ofrecido su colaboración a la justicia, si bien ha aclarado que no han recibido en el Consistorio "ningún requerimiento judicial solicitando información o documentación sobre la relación y acuerdos firmados con esta fundación".

Según ha indicado el Ayuntamiento sanluqueño en un comunicado, la portavoz del gobierno local, Milagrosa Gordillo (PSOE), ha informado en rueda de prensa sobre los convenios firmados con la Fundación Profesional para el Empleo, la cual está siendo objeto de investigación judicial por presuntas irregularidades.

La edil ha defendido que el gobierno municipal "siempre ha hecho una apuesta clara por la formación", lo que ha dado lugar a la firma de "multitud de acuerdos de colaboración con distintas entidades" para la consecución de ese objetivo.

Para ello, según explica, se han cedido instalaciones municipales para la formación de desempleados y se han ampliado instalaciones municipales con la construcción de más aulas en el centro municipal de formación de la Sala del Agua. Señala que esta ampliación posibilitó que se realizaran distintos cursos de formación para desempleados y que se vieran beneficiados "un número importante" de parados de la ciudad.

En el caso de la Fundación Profesional para el Empleo, Gordillo ha explicado que se firmaron dos convenios y un acuerdo de colaboración. "En el caso de los convenios, se cedieron instalaciones y se hicieron los cursos de formación, y una vez que finalizaron dichos cursos los edificios volvieron a estar a disposición del Ayuntamiento".

En el caso del acuerdo, detalla que "se concretó el inicio de la concesión administrativa necesaria para la cesión de otra instalación municipal, pero como la formación no se ha realizado, el expediente de concesión ha caducado, por lo cual el acuerdo queda prácticamente sin efectos y la vinculación con dicha entidad queda extinguida".

La concejal socialista ha subrayado que "somos los primeros interesados en aclarar todo lo que sea necesario" y ha dejado claro que el Ayuntamiento "en ningún caso ni solicitó ni gestionó subvenciones, y solo poníamos a disposición de la fundación instalaciones municipales que posibilitaban la realización de los cursos".

Gordillo asegura que el gobierno local está "dispuesto a colaborar con la justicia", si bien apunta que hasta el momento "el Ayuntamiento no ha recibido ningún requerimiento de ningún órgano judicial solicitando información o documentación sobre la relación y acuerdos firmados con esta fundación".

Finalmente, ha señalado que "el Ayuntamiento, en el supuesto de que pudiese verse perjudicado, exigirá cuantas responsabilidades estime convenientes".