El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, ha afirmado que "en todo caso" él es "un perjudicado" en la causa por supuesta falsificación de la certificación de obras que recibieron subvenciones pero que no se llegaron a realizar y ha subrayado que se desconocen los delitos individualizados que se imputan tanto a él como a las otras diez personas inmersas en el caso.

En declaraciones a los medios, Rogelio Martínez ha dicho que es "un auto esperado" el último que ha dictado el juez sobre la gestión de fondos procedentes del plan Leader, en el que se da un plazo de diez días para que las partes y el fiscal soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

La causa investiga si hubo delito al certificar y cobrar ayudar por obras que en realidad no se habrían ejecutado. Se trata de proyectos de los años 1999 y 2001 como una planta de biomasa y cinco talleres en el Ayuntamiento de Arnoia, donde el actual delegado de la Xunta en Ourense era alcalde.

Al respecto, el delegado del Gobierno en Ourense ha indicado que el referido auto "echa abajo muchas de las denuncias efectuadas y deja abierto el tema de una falsificación de una certificación". "Si eso fuera así, habrá que ver quién certifica", ha afirmado al subrayar que, en todo caso, no sería el presidente del Grupo de Acción Local Ceivam, cargo que él ostentaba por aquel entonces.

"Desde luego, el presidente de Ceivam, que es el que concede la subvención y ordena el pago no certifica nada. A la vista de los documentos que se le presentan, ordena que se pague. Por lo tanto, en todo caso es un perjudicado", ha aseverado Rogelio Martínez, quien ha señalado que "claramente la defensa debe ir en ese sentido".

ARGUMENTACIÓN

Así, ha abundado en que él, como presidente de Ceivam, ordenó el pago "a la vista de una documentación que presentan unos señores a los que se le concede una subvención, a la vista de que hay un certificado de un ingeniero y de que hay unos documentos que acreditan que se realizó un pago porque hay transferencias bancarias y unas facturas".

"Está claro que el presidente, que es quien ordena el pago, no puede dilucidar absolutamente nada en cuanto a una certificación que se le presenta, incluso porque no está capacitado para ello. Yo no soy quien para ver si algunas unidades de obra están ejecutadas o no o si son de una calidad o de otra", ha argumentado.

DESTITUCIÓN

El delegado del Gobierno en Ourense ha ironizado con la solicitud de la oposición de que sea destituido, mientras que no la piden en otros casos como el de la teniente de alcalde de Ourense y responsable de las políticas sociales, la socialista Marga Martín, que está acusada de supuesta malversación de caudales públicos.

En cualquier caso, el delegado del Gobierno en Ourense ha proclamado que "no hay procesamiento, ni ningún juicio oral abierto" contra él, sino que "hay que esperar a que la Justicia siga su camino", de forma que presenten sus escritos el fiscal y las acusaciones particulares, ejercidas por el BNG de O Ribeiro y a la que se adhirió la Asociación polo progreso de Ribeiro -vinculada al PSdeG-.

En este punto, Rogelio Martínez ha indicado que hay que ver lo que va a hacer el Ministerio Fiscal, tras recordar que "a lo largo de nueve años tuvo una línea muy clara pidiendo el sobreseimiento por no ver indicios delictivos". Asimismo, las defensas tanto de él como de los otros diez imputados podrán presentar un recurso, que en el caso de Rogelio Martínez, él ya ha ratificado que así hará.