Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía se personará la próxima semana como acusación en la causa judicial que investiga el cobro indebido de facturas por parte de UGT-A, a cuyo secretario general, Francisco Fernández Sevilla, ha criticado por "falta de transparencia" al no dar a conocer en detalle las conclusiones ni los responsables de la comisión de investigación interna creada por el sindicato para esclarecer los hechos.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, en un comunicado en el que ha recordado que su formación ya presentó denuncia contra UGT-A y la Junta de Andalucía ante la Fiscalía de Sevilla y ha expresado su confianza en que la personación como acusación "sirva para depurar responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas".

De la Herrán ha subrayado la "contradicción" que suponen las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Pleno del Parlamento anunciando que "se han reintegrado 25.000 euros en facturas indebidamente cobradas por UGT" mientras que Fernández Sevilla defendía que "la contabilidad del sindicato es única y transparente y no existe ni fraude ni ninguna trama ni malversación".

Demanda "transparencia real" a díaz

En su opinión, "dicha contradicción e incoherencia en ambos discursos denota que uno de los dos no está diciendo la verdad", por lo que ha reclamado a Díaz que "practique la transparencia de la que tanto alardea en los medios de comunicación, pero que sin embargo todavía sigue sin abordar".

En este sentido, ha defendido que "transparencia real es presentar en el Parlamento una ley que obligue a publicar las cuentas de la Junta con todos los movimientos bancarios ejecutados, y no limitarse a entregar las declaraciones de la renta de los diputados como estrategia propagandística que no supone más que un amago de lavado de cara".

Junto a ello, el líder de UPyD también ha reprochado "falta de transparencia" a Fernández Sevilla por no ser claro al hablar de la comisión de investigación, cuyos miembros ni siquiera ha dado a conocer. "Los ciudadanos tienen derecho a conocer al detalle cada una de las conclusiones de dicha investigación, así como información del procedimiento llevado a cabo y los responsables que lo ejecutan, por tratarse de dinero público", ha concluido.