Leonardo Patterson, juzgado en Santiago de Compostela por un supuesto delito de contrabando de arte, ha sostenido este jueves que él no se encargaba de las cuestiones legales relativas a las exposiciones de su colección, al tiempo que ha indicado que creía que era la Xunta la que debía pedir y prorrogar los permisos para sacar las piezas del país.

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Santiago ha celebrado este jueves la vista por contrabando de arte contra Leonardo Augustus Patterson, buscado en varios países y detenido en marzo por la Interpol en el aeropuerto de Barajas.

El acusado inició su relación con la comunidad al traer a Santiago, durante los años 1996 y 1997, una colección de más de 1.400 obras de arte precolombino procedentes de varios países latinoamericanos, que fue expuesta en dos ocasiones. Con posterioridad, la colección permaneció 10 años almacenada en Compostela y fue sacada de España sin los permisos pertinentes, por lo que Patterson fue acusado de contrabando de arte.

Sobre esta cuestión, ante la jueza que lleva el caso, Patterson ha asegurado no conocer "nada" acerca de los trámites legales de este tipo de exposiciones, dado que era una cuestión que delegaba en dos de sus ayudantes, llamados a participar como testigos, pero que no han comparecido en el juicio.

Asimismo, ha asegurado que "nadie" le comunicó que debía pedir un permiso para sacar estas piezas del país, dado que cuando las trajo a Santiago de Compostela no solicitó ningún documento.

"La Administración —gallega— fue la que trajo las piezas y pidió los permisos, porque yo nunca me encargaba de las cosas técnicas", ha defendido Patterson ante la jueza, al tiempo que ha indicado que "entendió" que la Xunta se encargaría también de los documentos para devolver la colección a Alemania, de donde había salido.

En sus relaciones en Santiago, Patterson ha indicado que contactó primero con el entonces alcalde, Xerardo Estévez, y posteriormente con el presidente Manuel Fraga, que derivó su contacto al exconselleiro Jesús Pérez Varela. "Le pedí un contrato a Fraga, y me dijo que con un apretón de manos era suficiente", ha sentenciado.

Responsabilidad de la institución

En el juicio de este jueves ha declarado como testigo el entonces gerente del Auditorio de Galicia, Xosé Denís Hombre, quien ha explicado que fue el Auditorio —lugar en el que se celebró la primera exposición— el encargado de tramitar los permisos, traer las piezas y asegurarlas.

"La institución que organiza —una muestra— es responsable del seguro, de ir a buscar el cuadro a casa del coleccionista y de devolverlo. Así pasa en todos los museos", ha ratificado Denís Hombre.

Tras finalizar la exposición en el Auditorio, ha recordado, se recibió una solicitud formal para "entregar las piezas a la Xunta", que, posteriormente, organizaría una segunda muestra con parte de la colección.

"Como la Xunta quería remontar la exposición, se le entregó a la Xunta la colección con toda la documentación", ha sentenciado el exgerente del auditorio, quien ha explicado que, una vez realizado este trámite, era la administración autonómica "quien tenía que prorrogar los permisos" y realizar las "notificaciones".

ALMACENADO 10 AÑOS

Tras concluir la primera exposición, parte de la muestra fue almacenada en una cámara de seguridad de Mudanzas Boquete, a donde, según el testimonio de Patterson, se llevaron por indicación de la Xunta. El resto de las piezas fueron montadas en una segunda exposición y, al concluir, fueron destinadas también a la misma cámara.

Según el acusado, durante un periodo este almacenamiento fue pagado por la Xunta, pero posteriormente, dejó de abonarse el coste a la empresa, por lo que las piezas fueron retenidas.

De hecho, excepto en el caso de algunas piezas intervenidas por la Policía por estar reclamadas por el Gobierno de Perú, el responsable de Mudanzas Boquete, Ángel Boquete, ha explicado ante la jueza que las piezas permanecieron en su almacén —10 años— hasta que se abonó la deuda pendiente con la empresa. La deuda fue saldada por Leonardo Patterson en 2008, tras pedir un crédito de sobre su apartamento en Montecarlo.

Así, Ángel Boquete ha declarado que el juez Javier Míguez le aseguró en su momento que "si le pagaban" la deuda, se podían "llevar las piezas". "Y así fue", ha sentenciado, al tiempo que ha recordado que no es su competencia revisar la existencia de permisos.

Piezas intervenidas

Un total de 23 piezas de esta colección fueron intervenidas y mantenidas en Santiago por parte de la Policía por estar reclamadas por el Gobierno de Perú, tal y como han declarado en sede judicial policías que participaron en las diligencias.

A raíz de esta cuestión, los agentes realizaron una revisión e inventario fotográfico de toda la colección, en presencia tanto de Ángel Boquete como del entonces abogado de Leonardo Patterson, Gerardo Conde Roa. En ninguna ocasión, han ratificado, hablaron directamente con Patterson.

Sin embargo, y aunque Patterson ha asegurado que desconocía que debía solicitar permiso para sacar las piezas del país, los agentes han ratificado que comunicaron tanto al responsable de la empresa como a Gerardo Conde Roa, en representación de Patterson, que "esas piezas necesitaban permisos" para exportarse e importarse. Al parecer, los agentes tuvieron conocimiento por la prensa de la salida de la colección del país.

Posible interés de la xunta

Durante la sesión se ha analizado también el posible interés de la Xunta por adquirir parte de la colección de Patterson, que a su vez pertenecía a seis coleccionistas diferentes. En esta línea, el acusado ha indicado que "negoció" con la Xunta la posibilidad de "comprar" alguna de las obras.

Sin embargo, el entonces director xeral de Patrimonio, Ángel Sicar, ha afirmado que "Patterson hizo una oferta de su colección a la Xunta", aunque, hasta "donde sabe", la Administración gallega "nunca estuvo interesada".