El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará los atentados del 11-M ha fijado el 15 de febrero como fecha de inicio de la vista y admitió citar como testigos al etarra Henri Parot y a los dos miembros de la banda detenidos en Cuenca once días antes de la masacre con una furgoneta cargada de explosivos.

Parot ha sido citado porque una nota con su nombre apareció en la celda del islamista Abdelkrim Bensmail -que no será juzgado por el 11-M.

En cuanto al testimonio de los etarras Gorka Vidal e Izkur Badillo, arrestados el 29 de febrero de 2004, fue solicitado por la defensa de Jamal Zougam, uno de los supuestos autores materiales de los atentados.

La sección segunda de la sala de lo penal también ha acordado que se realice una nueva prueba pericial sobre los explosivos utilizados el 11-M, cuyos resultados deberán estar a disposición del tribunal antes del inicio del juicio y en el que participarán expertos de la Policía y de la Guardia Civil y otros propuestos por las acusaciones y las defensas.

El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decidió en abril procesar a estas 29 personas por delitos de asesinato y otros relacionados con las bombas que estallaron en cuatro trenes de cercanías en la capital española.

Sin precedentes

El caso no tiene precedentes en España en términos de número de víctimas y complejidad.

También se espera que sea uno de los mayores juicios contra el terrorismo en Europa.

Los acusados son en su mayoría españoles o marroquíes.

Auto de Del Olmo

Una fuente judicial dijo a periodistas en una sesión informativa -el pasado mes de septiembre- que el juicio debería terminar este julio, y el veredicto estar listo en octubre.

Del Olmo publicó en abril de 2006 su auto de procesamiento judicial tras una investigación de dos años, con pruebas detalladas contra el grupo que abarcaban desde datos financieros y transcripciones telefónicas que concluyeron que los atacantes, que también dejaron 2.000 heridos, no estaban dirigidos por Al Qaeda.

191 asesinatos

Cinco personas están acusadas por 191 delitos de asesinato terrorista y 1.755 intentos de asesinato, mientras que otros 23 lo están con varias formas de colaboración, como falsificación de documentos y pertenencia a grupo terrorista.

José Emilio Suárez Trashorras, un ex minero acusado de suministrar los explosivos, está acusado por 192 asesinatos, incluida la muerte de un agente de los GEO durante una redada contra supuestos extremistas en la localidad madrileña de Leganés.

Durante la redada los siete sospechosos se inmolaron en un bloque de apartamentos.