La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha acordado intensificar la búsqueda de más personas que son testigos protegidos en la causa contra cinco policías nacionales acusados del presuntos abusos sexuales a internas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga y que actualmente se encuentran en paradero desconocido. La mayoría de éstos son las propias víctimas.

El juicio ha comenzado este martes y en esta primera sesión del juicio, las partes han presentado las cuestiones previas. Las declaraciones de los cinco acusados se han pospuesto hasta el día 30 de octubre para dar tiempo a la Abogacía del Estado a presentar escrito de defensa como responsable civil subsidiaria porque no se le había dado traslado.

En total son 19 testigos protegidos de los que 11 no han sido localizadas. El abogado que representa a varias de las víctimas, Jaime Ernesto Rodríguez, ha asegurado que insistió en la instrucción en la necesidad de que todas las testigos protegidos permanecieran en España y que se le diera la residencia por el tiempo oportuno, conforme al estatuto de testigo protegido.

Esta petición no fue resuelta en su momento, ha asegurado el letrado de esta parte, quien ha insistido en que "no se puede continuar con la vista oral hasta que no estén presentes todas las testigos protegidas que están actualmente en paradero desconocido". No obstante, a las víctimas ya se les había tomado previamente declaración válida como prueba.

Los hechos sucedieron entre junio y julio de 2006. El fiscal pide en total 27 años de prisión para los procesados. Según su escrito provisional, los acusados organizaron en el CIE, cuando estaba en funcionamiento, en los turnos de trabajo de madrugada "cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los agentes".

Asimismo, esta acusación pública apunta que "se intimaba con las internas, a las que se les invitaba a asistir a cambio de comida, bebida, tabaco, regalos o usar el móvil", al tiempo que se indica que se creaba un "ambiente relajado de disciplina" que "los procesados buscaban para luego, si llegaba el caso, satisfacer su ánimo libidinoso con las internas".

En este ambiente, señala el ministerio público en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, supuestamente llegaban a mantener, en algunas ocasiones, relaciones sexuales. Se considera que los acusados actuaron "prevaliéndose de su condición de policía" y se pone de manifiesto que se habría concretado la existencia de ocho actos con trascendencia penal.

En algunos casos, los agentes se dirigieron a las internas, testigos protegidos en la causa, y "se les insinuaron sexualmente", con caricias, rechazando siempre éstas la situación, según se precisa en el escrito de calificación. Otras veces, presuntamente llegaron a tener relaciones sexuales a las que las mujeres habrían dado "su consentimiento por la condición de autoridad" de los procesados.

Además, las limpiadoras hallaron restos de estas "cenas" y presenciaron cómo algunas internas "se mostraban descaradas y provocativas con los policías", y, según el escrito, "se les ofrecían".

La Fiscalía de Málaga acusa a los procesados de delitos de abuso sexual con consentimiento viciado, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la supuesta participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los 10 años de cárcel.