El empresario Jabyer Fernández, procesado en el caso Iurbenor, ha denunciado que se han "cebado" con su grupo empresarial y ha acusado a dirigentes del PNV de no permitirle "sacarlo adelante". Por su parte, el fiscal, que le ha responsabilizado de "agravar" la situación de Iurbenor y de "descapitalizar" la sociedad, mantiene la petición de un total de 10 años de cárcel para él y para su hermana.

Al término de la última sesión del juicio celebrado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia y que ha quedado visto para sentencia, el empresario ha afirmado que han "roto desde dentro" a su grupo porque, al final, "no han sido capaces de reconducir situaciones que ellos mismos han provocado".

"Por mi parte, he intentado con Iñigo Urkullu, con Andoni Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea, con José Luis Bilbao (todos ellos del PNV) y con todos los órganos de poder de este país sacar adelante este grupo en el que trabajaban 3.000 personas y no me lo han permitido", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación.

En el juicio, también se ha sentado en banquillo su hermana Susana Fernández e inicialmente estaba imputado el exasesor de Fernández, Fernando García Macua, que será absuelto al ser acusado únicamente por dos accionistas de Iurbenor.

El ministerio público y la acusación de los socios de Iurbentia mantienen la petición de seis años para Jabyer Fernández por un presunto delito de insolvencia punible y cuatro para su hermana, Susana.

Sin embargo, en el caso de que se entienda que a Susana Fernández se le debe condenar no por insolvencia punible, sino por alzamiento de bienes, el fiscal solicita que se rebaje de cuatro a un año la condena. Además, ha planteado que, si la Sala considera muy elevada la pena propuesta por insolvencia punible, se aplique el artículo 65.3 del Código Penal para rebajarla un grado.

Por su parte, la Diputación ha mantenido la petición de diez años para Jabyer Fernández, seis por insolvencia punible y cuatro por delito de fraude a la Hacienda. La petición para su hermana es de cuatro años. Las defensas, tanto de Jabyer Fernández como de Susana Fernández, han solicitado su libre absolución.

Los hechos se remontan a 2009, cuando Iurbenor tuvo que vender los terrenos de Sefanitro en los que iba a desarrollar la actuación "Puerta de Bilbao". La venta generó un IVA cifrado en 43 millones por la Diputación, cuyo aplazamiento de pago solicitó Fernández y que le fue denegado.

En la última sesión del juicio, el fiscal, que no aprecia delito fiscal, ha afirmado que, tras la venta de estos terrenos, Jabyer Fernández realizó una serie de disposiciones de fondos que "agravaron" la situación de insolvencia de Iurbenor, hasta que el punto de tener que presentar concurso.

En concreto, ha aludido a dos operaciones, una de ellas, los contratos de asistencia financiera suscritos, que dieron lugar a la "salida continuada de dinero" de Iurbenor a otras sociedades desde febrero a agosto de 2009.

"situación comprometida"

El fiscal, que cree que esta operación dejó en una "situación comprometida" a Iurbenor, también se ha referido a la compra de acciones de Habidite, el proyecto que incluía construir una fábrica en Alonsotegi para viviendas en serie. A su juicio, las acciones que se adquirieron no fueron "equivalentes" al dinero que supuso su compra, teniendo en cuenta que el proyecto llevaba "ya un retraso" y conllevó una "descapitalización" de la sociedad.

En relación a la otra imputada, Susana Fernández, cree que era una cooperadora necesaria al ser la "persona de confianza" de Jabyer Fernández y ser "difícilmente sustituible" para llevar a cabo la "despatrimonialización de la sociedad".

La defensa de la Diputación, que ha defendido la validez de los informes de la Unidad de Auditoría informática, cuya nulidad ha solicitado la defensa, ha asegurado que Jabyer Fernández incurrió en un delito de fraude a la Hacienda.

A su juicio, Jabyer Fernández tuvo hasta febrero de 2010 para "modificar su conducta" y haberse "puesto al día", pero era manifiesta su "voluntad de no pagar" y de "ocultar" datos fiscales a la Hacienda. Ha asegurado que la solicitud de aplazamiento de pago fue una "maniobra para eludir el pago", se hizo fuera de plazo y sin las "garantías exigibles".

La defensa de la Diputación ha añadido que la tendencia de todas las operaciones de Fernández pretendían "eludir responsabilidades" y "agravar" la situación de Iurbenor, en su beneficio.

Por su parte, la acusación particular que representa a algunos socios de Iurbentia ha afirmado que todas las decisiones estratégicas en Iurbenor se han gestionado desde la familia Fernández, con "unidad de decisión, actuando en concierto y con utilización de testaferros".

Ha añadido que, tras la venta de los terrenos, Jabyer Fernández dispuso de los fondos "a su libre criterio" y se le advirtió de que esa disposición era "improcedente, ilegítima, desleal" y podría acarrear "graves ilícitos".

El letrado ha manifestado que los flujos monetarios tras la venta de terrenos fueron destinados a "complejas" operaciones, "algunas sin contenido real", en beneficio del grupo familiar y con una "falta absoluta de interés por la continuidad de la empresa". Ha añadido que se hicieron transferencias "de manera torticera", con "maniobras de ocultación" y para "dificultar el seguimiento del dinero".

Según ha defendido, la disposición de los fondos no respondía a "ninguna necesidad financiera imperiosa" y se utilizaron de "forma indiscriminada" los fondos del conglomerado de las empresas para satisfacer "intereses privados", lo que ha causado "un perjuicio muy importante" a los socios de Iurbentia y a terceros. "Se ejecutó un plan sistemático de descapitalizacion de la sociedad", ha apuntado.

Por su parte, la defensa de Fernández ha reclamado su absolución porque no "están acreditados" los hechos apuntados por las acusaciones y ha añadido que, como consecuencia de la presión "mediática y política" se ha conseguido el "desplome" de un importante grupo.

El abogado ha indicado que la acusación de la Diputación ha sido "errática, confusa y ha bordeado la legalidad" en referencia a los informes de la Unidad de Auditoria Informática. El letrado ha manifestado que no puede acusar a Fernández de un delito de insolvencia punible, ya que en su escrito no hace "ni una mención" a ello.

"temido leviatan"

En este sentido, cree que Jabyer Fernández "se ha topado con el temido Leviatan, con el inmenso poder del Estado", que se ha ejercido "parcialmente" y ha llevado a su cliente "a la ruina".

Además, ha afirmado que la Diputación deberá explicar la razón de que acuse a Fernández de un delito fiscal y no lo haga con Macua, que fue su asesor fiscal, contable y judicial. El letrado ha expresado su sospecha de que pueda ser por el "pago de servicios prestados de alguna manera" por la denuncia que Macua interpuso contra Jabyer Fernández.

El letrado ha negado que haya existido fraude y ha manifestado que fue "política y no técnica" la motivación para denegar el aplazamiento del pago del IVA. El abogado ha apuntado que las cartas remitidas por el empresario a Urkullu es "prueba suficiente" de que estaba intentando lograr ese aplazamiento. Por otra parte, ha defendido que la disposición de fondos realizada pretendía "salvar al grupo" y "no se ocultó absolutamente nada".

Por su parte, el abogado de Susana Fernández ha manifestado que su labor se limitaba a "firmar" lo que le indicaban tanto su hermano como Macua. En su opinión, las acusaciones no han podido definir su conducta de cara a "a agravar la insolvencia" de Iurbenor y ha negado incluso que actuara simplemente como cooperadora necesaria. "Susana no ha tenido una participación directa en los hechos", ha apuntado.