El sindicato CGT ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la gestión en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, al tiempo que ha solicitado la "paralización inmediata" del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) —que ya ha sido firmado tras ser refrendado en asamblea por la mayoría de los trabajadores— y advierte al Consell de "las posibles responsabilidades penales si continúa su tramitación".

La organización especifica, a través de un comunicado, que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas se basa "en las reiteradas advertencias sobre ilegalidades en la gestión del Palau de les Arts que vienen realizando en los últimos años tanto la Sindicatura de Cuentas como la Intervención General de la Generalitat".

Ante lo que CGT considera "pasividad de los órganos de control, ha decidido poner en manos del Tribunal de Cuentas la gestión ilegal, antieconómica, despilfarradora e ineficaz de los gestores del Palau".

El escrito remitido al organismo estatal muestran diversas advertencias de los órganos de control valencianos desde 2009. Entre otras cuestiones, el sindicato afirma que "la retribución de la intendente, Helga Schmidt, superó los límites establecidos por la Ley de Presupuestos", ya que "tres meses después de la aprobación de la Ley, el Consell autorizó eximir a este cargo de los límites, siendo sus retribuciones de 91.054,92 euros anuales, casi el doble que las del presidente de la Generalitat".

"Pero aún así —prosigue— la auditoría detectó unas retribuciones superiores a las autorizadas por el Consell". Además, "las retribuciones de 5 trabajadores superaban los límites de la Ley de Presupuestos para los altos cargos".

En la misma línea, la entidad critica que, "a pesar de las advertencias, la Fundación del Palau de les Arts sigue sin publicar en el Diario Oficial las relaciones de puestos de trabajo o plantilla".

"IRREGULARIDADES"

También alude a "numerosísimas irregularidades en la contratación administrativa, como gastos de publicidad por importe de 1.327.646 euros (IVA incluido) sin acuerdo del órgano competente, y advertido en varios informes de fiscalización; contrataciones a dedo sin ningún tipo de procedimiento, y ocultando esta información al órgano fiscalizador; los contratos no son adjudicados por el órgano de contratación; utilización de los llamados contratos menores superando la cuantía mínima establecida por la Ley; falta de acreditación de la solvencia por los contratistas; abuso de la prórroga de contratos de forma ilegal".

En cuanto a supuestas "irregularidades contables" se refiere a "facturas presentadas tres años después de prestarse el servicio, en un caso se comprueba que ha tardado en presentarse 6 años; existencia de tarjetas de crédito sin autorización, crédito de 6 millones de euros sin autorización de la Conselleria competente".

Del mismo modo, CGT anuncia que va a emprender acciones judiciales contra el "enchufismo en el Palau y en las empresas, entes, agencias, fundaciones, observatorios, institutos y demás elementos extraños que han constituido una verdadera administración paralela que ha pervertido hasta el tuétano a la Generalitat Valenciana".