La Agencia de Protección de Datos inicia una inspección previa al Puerto de Santander tras una denuncia de DEBA

La Agencia de Protección de Datos ha iniciado una inspección previa al Puerto de Santander tras la denuncia registrada por la plataforma DEBA (Arca, Cantabria Nuestra, Tajamar, DRY Santander y Asociación Amigos del Casetón) en diciembre de 2012 contra el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria por "revelar datos privados de personas físicas en una resolución a unas alegaciones presentadas por esas personas y alguna asociación".
Concentración de DEBA
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EUROPA PRESS
Concentración de DEBA

La Agencia de Protección de Datos ha iniciado una inspección previa al Puerto de Santander tras la denuncia registrada por la plataforma DEBA (Arca, Cantabria Nuestra, Tajamar, DRY Santander y Asociación Amigos del Casetón) en diciembre de 2012 contra el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria por "revelar datos privados de personas físicas en una resolución a unas alegaciones presentadas por esas personas y alguna asociación".

En un comunicado, DEBA explica que le "sorprendió" que en dicha resolución, enviada a varias personas que alegaron, aparecieran los datos de otras personas que también lo habían hecho, lo cual, a juicio de la plataforma, viola el secreto que debía mantener la APS en cuanto a esos datos, puesto que su publicación era "innecesaria y gratuita", considera.

DEBA subraya que cree en la defensa de la legalidad, "incluso en algo tan aparentemente nimio como son los datos personales, con los que ya se mercadea de forma incontrolada por empresas privadas, con lo que la administración debería ser muy escrupulosa", sostiene.

La plataforma espera que la inspección previa de la AEPD, que tendrá una duración máxima de 12 meses, de como resultado la apertura de un expediente sancionador contra la Autoridad Portuaria de Santander.

Las actuaciones previas de inspección de la Agencia de Protección de Datos tienen por objeto determinar "con la mayor precisión posible" los hechos que pudieran justificar, en su caso, la incoación de procedimiento sancionador o de infracción de las administraciones públicas, identificando la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijando las circunstancias relevantes que pudieran concurrir.

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