La deuda nacional de Estados Unidos será en las próximas dos semanas el arma más explosiva dentro de un conflicto político casi sin precedentes que mantiene ya sin presupuesto a la primera potencia mundial desde hace cinco días. Pero si el resultado de la batalla en torno a la financiación de la Administración federal parece incierto, el inminente enfrentamiento en torno a la deuda pública se anuncia mucho más complicado.

Según el Departamento del Tesoro, a mediodía del viernes la deuda nacional sumaba 16,74 billones de dólares (unos 12,31 billones de euros), ya por encima del máximo autorizado por el Congreso de 16,69 billones de dólares.

En realidad ya se superó la barrera autorizada el 17 de mayo y desde entonces el Departamento del Tesoro ha seguido cubriendo los compromisos de EE UU mediante maniobras contables, demora de pagos, y transferencias desde fondos fiduciarios que se agotarán alrededor del próximo día 17.

No es la primera vez que esto ocurre: el Congreso ha autorizado decenas de veces un incremento del endeudamiento en las últimas décadas, pero en esta ocasión las finanzas nacionales se han convertido en parte de una confrontación política aún más aguda. Ahora, a juicio del columnista del diario The New York Times, Tom Friedman, incluso "amenaza a la democracia misma".

El presidente Barack Obama, el secretario del Tesoro, Jack Lew, empresarios y banqueros, financieros y exportadores, sindicatos y académicos han advertido con creciente urgencia sobre la gravedad de una cesación de pagos por parte de la mayor economía del mundo y con la moneda de referencia global.

Aunque el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ha asegurado a sus correligionarios que está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para que el país no llegue a suspender pagos el 17 de octubre, según reveló el mismo diario, no está claro cómo lo va a conseguir.

En 2011 la mayoría republicana se opuso a un incremento en la deuda autorizada hasta que negoció con el Gobierno de Obama un pacto que instituyó cortes en todos los gastos federales, que entraron en vigencia el 1 de marzo pasado.

El pulso de julio de 2011, resuelto en el último minuto, hizo que, por primera vez en la historia, las agencias calificadoras de crédito degradaran la fiabilidad del empréstito de Estados Unidos.

En esta ocasión una minoría dentro de la mayoría republicana de la Cámara baja, unos 49 representantes (y cinco senadores) que se identifican con el movimiento ciudadano Tea Party, han usado el debate del presupuesto fiscal y el límite de la deuda para exigir que se prive de fondos la reforma sanitaria que Obama promulgó en 2010, lo que hace el compromiso imposible, según todos los observadores.

"Esto no tiene precedentes", escribió Friedman. "La ley de reforma sanitaria se discutió, el Congreso la aprobó, el presidente la promulgó, el Tribunal Supremo de Justicia validó su constitucionalidad, y la ciudadanía reeligió a Obama". "En nuestra democracia una vez que se cumplió el proceso el asunto queda resuelto", añadió.

"Lo que tenemos aquí es una minoría que toma como rehén algún otro asunto no relacionado ni con el presupuesto ni con la deuda, y amenaza con que no habrá presupuesto ni se aumentará la deuda, si no se liquida la ley que no les gusta", explicó.

El Departamento del Tesoro advirtió el miércoles de que una suspensión de pagos tendrá "efectos catastróficos" y podría derivar en una crisis económica "igual o peor" que la desatada en 2008.

El incumplimiento del pago de la deuda "no tendría precedentes" y podría tener consecuencias tales como la congelación del flujo de crédito, la caída en picado del valor del dólar y el alza apurada de las tasas de interés.

Los activistas del Tea Party no niegan las posibles consecuencias graves de un cese de pagos, aunque en general creen que no ocurrirá. Su militancia se apoya en el argumento de que durante demasiado tiempo EE UU ha acumulado déficit fiscales financiados con deuda que amenazan la soberanía nacional.

China y Japón son los dos mayores acreedores extranjeros de Estados Unidos seguidos por "centros bancarios del Caribe", los exportadores de petróleo, Brasil, Suiza, Bélgica, el Reino Unido, Luxemburgo y Rusia.

El Tea Party se nutre, además, de una veta aislacionista que ha sido fuerte en toda la historia de Estados Unidos: Si una crisis en torno a la deuda desbarata al resto del planeta, bienvenida sea siempre y cuando haya una "devolución de soberanía" a los estadounidenses. Y precisamente la intransigencia del Tea Party que denuncian los demócratas y los políticos tradicionales es razón de más orgullo para los activistas, que opinan que es necesaria para salvar a la nación.