Según el escrito, recogido por Europa Press y firmado por el concejal de Relaciones Institucionales, Javier Landa, reconoce que no se le facilitó los datos de facturación de las empresas al PSOE porque entiende que "son confidenciales y no estoy autorizado".

"Es cierto que las empresas interesadas han sido expuestas a los medios de comunicación y que se ha indicado que en conjunto negocian con unos 1.000 millones, pero una cuestión es que en conjunto puedan ser conocidos y otra que se desagregue", señala Landa, que apunta a que hay un "mercado competitivo y es un dato que sus empresas no sueles facilitar a sus competidores de forma clara y precisa".

Además, asegura que tampoco otorgará el borrador del estatuto de la zona franca, ya que "es la Secretaría de Estado de Hacienda la que ha de aprobar el estatuto, que deberá elaborar el Consistorio en todo caso", ante lo que asegura que le es "imposible" entregar un documento que ha de elaborar "un órgano colegiado no dependiente de este Ayuntamiento".

Landa recuerda que el 28 de enero se aprobó la petición al Ministerio de Hacienda para autorizar una zona franca. "La documentación requerida para elevar la solicitud está establecida en la Orden de 2 de diciembre de 1992 en la que se indica claramente los documentos a aportar y expresa en la Disposición Primera que 'el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales podrá requerir al solicitante ampliación de datos o información complementaria de la documentación aportada, concediendo a dicho efecto el oportuno plazo, transcurrido el cual sin realizarlo entenderá que ha desistido de su petición", añade.

Así, explica que el documento que soportaba la petición fue "abierto" debido a que el Departamento de Aduanas solicitaba "determinada documentación conforme" a lo citado anteriormente. "Por ello, ha sido imposible presentar un documento cerrado, puesto que las condiciones para su finalización estaban establecidas por las sugerencias y peticiones del citado departamento", concluye.